Asociación Ambiente y Sociedad

Categoría: AAS opina

  • Campesinado: ignorados pero no de brazos cruzados

    Campesinado: ignorados pero no de brazos cruzados

    Por: Wilmar Niño, investigador del área de Gobernanza Territorial de Ambiente y Sociedad.

    El campesinado en Colombia es un sujeto político que, incluso tras décadas de luchas, sigue intentando reclamar espacios de reconocimiento que históricamente le han sido negados. Este objetivo se sostiene con las aspiraciones de personas y familias que han sorteado distintos obstáculos institucionales y sociales que buscan ignorarlos como parte fundamental de la construcción territorial de una Nación.

    Karla Díaz señaló que, con el paso de los años, a los campesinos se les ha asignado ciertas narrativas que han pretendido su eliminación como sujeto histórico en Colombia. Inicialmente, fueron designados como “mano de obra barata para hacer crecer la hacienda durante la primera mitad del siglo XX, hacia su construcción como rebeldes y violentos durante la segunda mitad del siglo. Luego fueron víctimas y/o auxiliares de grupos armados en la época del Plan Patriota [2002 a 2010]”, explica Díaz.

    A estas se le suma una narrativa más reciente: la idea del campesino como criminal o victimario del ambiente. Esta última categoría ha profundizado los conflictos socioambientales, pues ha prevalecido una visión punitiva que, como ocurrió con la Operación Artemisa, ha tendido a criminalizar al campesinado como el mayor generador de daños ambientales.

    Sin embargo, esta narrativa desconoce la responsabilidad de los actores ilegales que operan como depredadores de la naturaleza, y desplaza la carga de responsabilidad hacia comunidades rurales que viven en esos territorios y son víctimas del conflicto armado interno. De este modo, ante un problema que debería tramitarse por medio de política de tierras, ordenamiento territorial y presencia estatal, el país lo ha tramitado como un asunto de política criminal, lo que ha derivado en estigmatización y persecución de este sujeto político. En consecuencia, la participación del campesinado en las decisiones ambientales sigue atravesando momentos críticos en Colombia.

    Reconocido como sujeto político, pero ignorado

    Una muestra de esto es que distintas organizaciones campesinas y de la sociedad civil alzaron la voz de protesta frente al Gobierno Nacional que no consideró al campesinado en las discusiones, propuestas e iniciativas dentro de la agenda de actividades de la Cumbre Amazónica que finalizó con la reunión de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se realizó del 19 al 22 de agosto de 2025 en Bogotá.

    Un caso similar ocurrió durante la preparación y posterior realización de la COP16 en Cali en 2024. Allí se presentaron hechos de invisibilización del campesinado, tal como fue señalado por Angie Durán, investigadora de AAS: “Es terrible, porque de nuevo son invisibilizados como sujetos de derechos, que además tiene unos relacionamientos particulares y sistemas de conocimiento tradicionales. Esto impide escuchar de forma clara su voz”.

    Del mismo modo, en los eventos previos a la COP30, Durán sostuvo que la agenda del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia no tiene como prioridad la agenda campesina; en cambio, sí tiene como prioridades el “financiamiento climático, la transición energética justa, la sinergia entre las agendas de cambio climático y biodiversidad y el reconocimiento del rol de los pueblos indígenas en la acción climática”. Estos antecedentes no permiten augurar un destino distinto para los campesinos en la próxima COP30.

    ¿Qué está pasando con el campesinado para que siga siendo ignorado en las discusiones ambientales? 

    Una de las respuestas es la adopción institucional de una agenda ambiental hegemónica, que asume que algunos actores sociales, como el campesinado, no cumplen con la función de conservación, restauración o protección de los ecosistemas. Lo que ha debilitado el diálogo con el sector agrario.

    Por un lado, existe una exclusión sistemática y estructural del campesinado dentro de las prioridades políticas e institucionales de Colombia que genera tensiones alrededor de la presencia de campesinos dentro de áreas de interés ambiental. Esta situación pone en tensión los derechos de uso y propiedad del campesino sobre sus predios, como es el caso específico del campesinado que habita la Reserva Forestal Regional Protectora (RFRP) en la Tebaida.

    Por otro lado, existe una construcción narrativa que estigmatiza y ralentiza la garantía de los derechos del campesino. Por ejemplo, la Jurisdicción Agraria y Rural no ha tenido el avance necesario en el Congreso de la República donde, a pesar de tener ya dos años de estar incluida en la Constitución de Colombia, no cuenta con el trámite legislativo que la pone en marcha. Esto afecta la resolución de conflictos sobre la propiedad rural, incluido los que surgen sobre el derecho de uso del suelo, los límites que existen en los territorios o los procesos de formalización de la tierra de los campesinos.

    Ignorados pero no de brazos cruzados

    Mientras tanto, las organizaciones sociales y el campesinado continúan abriéndose camino mediante soluciones y estrategias locales que permiten articular esfuerzos frente a desafíos territoriales, sociales y políticos.

    Una de estas estrategias responde a la necesidad de enfrentar un problema histórico: la limitación para ejercer plenamente sus derechos dentro de sus propias tierras cuando estas se encuentran en áreas de especial interés ambiental. Esta situación ha generado una constante tensión entre los derechos del campesinado y el deber del Estado de proteger el ambiente.

    En este sentido, nuevamente un caso local importante ha sido la conformación de la Mesa técnica de la RFPR La Tebaida en Antioquia. Ambiente y Sociedad y CEAM acompañaron desde el 2023 la construcción de una ruta jurídico-política para comprender la situación de la tenencia de la tierra de campesinos en zonas de reservas forestales de carácter regional.

    Esta investigación permitió abrir un espacio de diálogo con instituciones locales, regionales y nacionales (Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare “CORNARE”, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) y el Representante del Presidente ante el Consejo Directivo de CORNARE.), denominado “Mesa Interinstitucional alrededor de la tenencia de la tierra en la Cuchilla La Tebaida”.

    Estas instituciones se reunieron con el objetivo de facilitar un espacio de interlocución que permitió revisar, reflexionar y construir rutas conjuntas para atender las problemáticas relacionadas con la tenencia de la tierra en la RFPR La Tebaida y sus implicaciones en la conservación de las áreas protegidas, así como para los derechos de los pobladores y campesinos que la habitan. Cada entidad, en el marco de sus competencias, identificó el grado de responsabilidad que le corresponde y el estado actual de situaciones sobre la titulación de baldíos, los procesos de restitución de tierras o la legalización de posesiones.

    Estos resultados fueron presentados a la población campesina que habita la RFPR La Tebaida en el Foro Interinstitucional “Derechos campesinos, tenencia de la tierra y gobernanza ambiental en la Reserva Forestal La Tebaida” organizado por la Asociación Ambiente y sociedad, CEAM y CORNARE. El Foro se consolidó como un espacio en el que las comunidades campesinas y los pobladores participaron activamente en el diálogo, posicionándose como actores centrales dentro de la estrategia de conservación y gobernanza para el área protegida.

    Sobre este Foro, desde, Ambiente y Sociedad hemos reconocido que:

    “Este espacio también representó una oportunidad de diálogo para construir modelos de conservación ambiental que respeten los derechos territoriales de las comunidades campesinas y pobladores de la región. Pero principalmente se trazaron los primeros caminos hacia una respuesta institucional frente a la situación jurídica de la tenencia de la tierra en la RFPR-La Tebaida” (Tello, 2025).

    Si bien se trata de un proyecto piloto, este demuestra cómo las instituciones, en articulación con las organizaciones sociales y el campesinado, pueden trabajar conjuntamente desde lo local mediante acciones concretas orientadas a un objetivo común: la conservación de las áreas de importancia ambiental que garantice los derechos del campesinado, además de reconocerlo como un actor protagónico en la protección de la naturaleza, no como su victimario.

    El llamado que hacemos al gobierno nacional es que empiece a respaldar este tipo de procesos locales. Es más que claro que la conservación no es posible sin el campesinado.

  • Escazú y los 11 de Jericó: ¿será posible una justicia ambiental en Colombia?

    Escazú y los 11 de Jericó: ¿será posible una justicia ambiental en Colombia?

    Por: Vanessa Torres, candidata a magíster en estudios sobre sustentabilidad. Subdirectora de Ambiente y Sociedad. El caso de “los 11 de Jericó” resonó a nivel nacional al conocerse recientemente el fallo emitido por el juzgado promiscuo municipal de Jericó en el departamento de Antioquía. En este se rechaza la solicitud de medida de detención preventiva solicitada por la Fiscalía frente a la imputación de diferentes cargos, como hurto calificado, daño en bien ajeno, entre otros; en contra de 11 campesinos que juntos a otros miembros de la comunidad impulsaron una acción pacífica en defensa ambiental de su territorio. Este caso recuerda aquella batalla legendaria de David contra Goliath, en donde la minera AngloGold Ashanti demandó a estos 11 defensores del ambiente, debido al desmonte y entrega voluntaria a la policía de una plataforma minera encontrada en uno de los predios privados ubicados en una zona de protección ambiental. Esta zona, además, está reconocida al interior del Esquema de Ordenamiento Territorial de Jericó como suelo rural que está destinado por ley a la protección de recursos naturales y ecosistemas estratégicos; en este caso, de las fuentes hídricas. Resulta clara esta analogía dado el rol de poder que han tenido históricamente las empresas extractivas en Colombia, el cual les ha permitido a algunas de ellas incumplir sistemáticamente nuestro marco normativo en materia ambiental, generando impactos sociales y ambientales.

    Un conflicto de varios años

    Si bien el caso ha resonado recientemente, es importante destacar que este conflicto socioambiental tiene varios años. En 2021, mediante el Auto 9023, en este caso se hizo la instalación de una plataforma de minería pese a que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, mediante Auto 9023 de 2021, archivó el trámite de licencia ambiental del proyecto minero Quebradona, que sería implementado en Jericó. A esto se suma que la comunidad ha sido vehemente y clara en manifestar su rechazo al proyecto (a través del lema “Agua sí, mina no”). Desde que se conoció el interés de la empresa de solicitar esta licencia ambiental, en Jericó han reiterado su total rechazo y preocupación por la posible contaminación de fuentes hídricas y afectación de ecosistemas claves para la vida local, como el río Cauca, el río Piedras y quebradas que abastecen a los más de 14 mil habitantes del municipio. Resulta entonces desconcertante cómo, pese a esta postura comunitaria públicamente conocida y al archivo de la licencia solicitada por parte de la ANLA, la empresa AngloGold Ashanti insiste con este propósito, por medio de una instalación de infraestructura minera en un predio privado que, además, es propiedad de quien fue en su momento alcalde del municipio. Esta situación debe llevarnos a una profunda reflexión sobre el accionar del sector privado en estos casos en los que, aunque están ampliamente documentados los impactos sociales y ambientales que se generarán con la implementación de proyectos extractivos, las empresas impulsan acciones de control territorial mediante la instalación de plataformas, la construcción de vías y otras actuaciones cuestionables e incluso violentas.

    Criminalización, Acuerdo de Escazú y un plan de acción

    Si bien el fallo que permite a “los 11 de Jericó” continuar el proceso en libertad es esperanzador, no podemos omitir que continúa siendo una batalla completamente desigual, que comenzó con la omisión de requisitos normativos en materia ambiental para continuar impulsando intereses económicos particulares en determinados territorios y continuar silenciando la voluntad popular de defensa ambiental del territorio. En Colombia es común que se utilicen mecanismos judiciales para mermar directamente los liderazgos ambientales por medio de demandas y procesos que no solo implican un desgaste económico o emocional de manera individual, sino que también impactan a la comunidad unida en torno a la protección del agua y de la vida. Es importante recordar que desde el año 2024 Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú,una herramienta poderosa para respaldar las voces de aquellas personas que, como “los 11 de Jericó”, en su día a día y por la conexión que han construido en comunidad con la naturaleza, impulsan su cuidado y protección de forma pacífica. No olvidemos que este el Acuerdo de Escazú es el primer tratado a nivel mundial que garantiza (mediante su artículo 9) la protección de las personas defensoras del ambiente, convirtiendo en una obligación para los Estados garantizar entornos seguros y propicios para el ejercicio de defensa ambiental, actividad que en nuestro país sin duda es de alto riesgo. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas entre 2016 y 2024 han sido asesinadas 248 personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Con el reconocimiento de esta obligación para los Estados, el Acuerdo de Escazú abrió la discusión sobre otras acciones en contra de las personas defensoras del ambiente y en primera línea de defensa que si bien no llegan al extremo de acabar con su vida, sí impactan directamente su rol de liderazgo y su vida en comunidad. Este es precisamente el escenario que enfrentan “los 11 de Jericó”, quienes enfrentan un proceso de criminalización y judicialización, en el cual por medio de de una o varias demandas penales y ataques reputacionales, se busca silenciar procesos comunitarios de defensa del ambiente y el territorio. Actualmente en el marco de implementación del Acuerdo de Escazú se cuenta con un Plan de Acción para Personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, el cual desarrolla cuatro ejes que buscan integrar los escenarios de riesgo que enfrentan las personas defensoras del ambiente en América Latina y el Caribe. La construcción de este plan de acción en 2023 fue un proceso participativo en el que por primera vez en un escenario regional se integró a un instrumento de carácter vinculante la perspectiva de cuidado y prevención de las mismas personas que se encuentran en primera línea de defensa. El Plan de Acción fue aprobado durante la tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en 2024 y cuenta con cuatro ejes:
    • Conocimiento: mediante el cual se busca generar y difundir información sobre la situación de las personas y los instrumentos existentes para garantizar sus derechos;
    • Reconocimiento, mediante el cual se busca reconocer públicamente la labor de las personas defensoras del ambiente;
    • Fortalecimiento de capacidades y cooperación en apoyo a la implementación a nivel nacional del Plan y el eje de
    • Evaluación y seguimiento del Plan de Acción: que contempla el seguimiento y revisión de este Plan para su cumplimiento efectivo.
    Hoy en día y gracias a un trabajo arduo de monitoreo por parte de la sociedad civil, pueblos étnicos, comunidades locales, la voluntad política de los Estados que lideran este proceso y la coordinación de la secretaría del Acuerdo, existe un plan de trabajo con actividades específicas a cargo de los Estados para cumplir con esta herramienta. Desde Ambiente y Sociedad venimos aportando técnicamente a esta construcción y sumando voces de personas defensoras fortalecimiento un escenario participativo y clave para la prevención de violencias en torno a la defensa ambiental. Esto resulta clave para países como Colombia en donde, si bien contamos con un aparato estatal enfocado en la protección de los defensores de derechos humanos, no funciona de manera adecuada al no incorporar un enfoque diferencial. Es clave que las personas defensoras del ambiente, como “los 11 de Jericó”, tengan claridad sobre cómo el Estado va a asumir su responsabilidad frente a la implementación del Acuerdo de Escazú y, más específicamente, frente a este plan de acción. Es aquí donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional de Protección deben liderar este trabajo de manera urgente articulando entidades y carteras necesarias para su funcionamiento efectivo. El Estado colombiano tiene una deuda histórica con las personas defensoras del ambiente que han sacrificado su vida, tranquilidad e inclusos sus esferas personales al asumir la protección de ecosistemas estratégicos y quienes por la ausencia de capacidad institucional se encuentran en situaciones vulnerables por los intereses económicos de pocos. Teniendo en cuenta que este gobierno entra próximamente en una fase de cierre, como Ambiente y Sociedad hacemos una llamado de urgencia para el cumplimiento efectivo a la sentencia C-359 de 2024 por medio de la cual la Corte Constitucional declara constitucional el Acuerdo de Escazú y en este mandato establecer acciones concretas para garantizar el plan de implementación del Plan de Acción de personas defensoras del ambiente. El cumplimiento efectivo del Acuerdo y de este instrumento garantizará escenarios justos y sin riesgo de criminalización para procesos de defensa ambiental como el impulsado en Jericó y aporta a la construcción de un escenario real de justicia ambiental y social en Colombia. *Una versión de este texto apareció primero en La Silla Vacía.
  • Escuchar y acompañar a la comunidad: claves para contener la deforestación en el piedemonte amazónico

    Escuchar y acompañar a la comunidad: claves para contener la deforestación en el piedemonte amazónico

    Por: Santiago Rengifo, investigador de Ordenamiento Territorial de Ambiente y Sociedad.

    El avance de la deforestación en el piedemonte amazónico es uno de los conflictos socioambientales con mayor impacto en las comunidades locales, al provocar la pérdida de sus medios de vida y la disputa por el acceso a la tierra y recursos en sus territorios. La complejidad de este problema se mantiene a lo largo del tiempo y responde a múltiples factores, entre ellos el recrudecimiento del conflicto armado, la expansión de la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, los incendios forestales y la construcción de infraestructura sin permisos.

    Para enfrentar esta conflictividad, el actual gobierno ha presentado un conjunto de acciones orientadas a reducir las cifras de deforestación en la Amazonía. Según la actualización de cifras de monitoreo de la superficie del bosque 2024 del IDEAM-MADS, entre las principales medidas implementadas se encuentran la aplicación de sanciones más estrictas contra quienes realizan actividades ilegales de deforestación, el despliegue de operativos militares y policiales para reforzar la vigilancia y el control territorial, y el apoyo a proyectos productivos sostenibles dirigidos a las comunidades locales de la Amazonía.

    Estas medidas contribuyeron a una reducción del 38 % en la deforestación de la Amazonía entre 2022 y 2023. No obstante, en 2024 se registró un repunte del 43 % en la deforestación a nivel nacional, alcanzando las 113.608 hectáreas, de las cuales aproximadamente 77.124 se concentraron en la región amazónica, con un  68 % del total. Este aumento afectó principalmente a los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, donde persisten múltiples presiones sobre el bosque, como la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, los incendios forestales y el recrudecimiento del conflicto armado.

    En este contexto, Cartagena del Chairá, ubicado en el departamento de Caquetá, destaca no solo por ser uno de los municipios más extensos de la Amazonía colombiana, sino también por haberse convertido en uno de los principales focos de deforestación del país durante la última década. De acuerdo con cifras recientes,Cartagena del Chairá fue catalogado como el municipio con mayor superficie deforestada del país, con un total de 10.375 hectáreas. Esta situación refleja la gravedad del avance de la pérdida de selva en el piedemonte amazónico, región que, según  las cifras del gobierno, presentó un incremento del 43 % en la deforestación entre 2023 y 2024. La deforestación en Colombia aumentó un 43% entre 2023 y 2024 .

    Frente a este panorama, este documento profundiza en las propuestas y acciones impulsadas por la sociedad civil, que desde sus capacidades y niveles de organización ha desarrollado iniciativas productivas sostenibles, mecanismos de monitoreo comunitario y esquemas de gobernanza territorial. Estas acciones han demostrado ser complementarias y fundamentales para contener la deforestación, y muestran un camino promisorio hacia modelos económicos más sostenibles y arraigados en las realidades locales de la Amazonía.

    Para enfrentar esta conflictividad, el actual gobierno ha presentado un conjunto de acciones para reducir las cifras de deforestación en el piedemonte amazónico. Para atenderlo, se han desplegado diversas acciones que van desde sanciones a quienes deforestan, intervención  militar, modelos que incluyen incentivos económicos. A la par, la sociedad civil, que ha apostado desde sus capacidades y alcances ha realizado desde su propia autogestión alternativas productivas para transitar hacía modelos económicos más sostenibles.

    Problemática en Cartagena del Chairá

    En 2024, la deforestación en la Amazonía colombiana volvió a incrementarse. El departamento de Caquetá registró una pérdida de 22.837 hectáreas, consolidándose como el segundo con mayor superficie deforestada del país. Cartagena del Chairá reportó el 45 % del total del departamento. Estas cifras evidencian que las respuestas dadas por el Estado no han logrado atender las causas reales de la conflictividad socio ambiental ni han perdurado en el tiempo como soluciones efectivas.

    Si bien es importante reconocer los avances en marcos legales y las iniciativas de transición productiva impulsadas desde el Estado para enfrentar la deforestación, estas acciones han resultado insuficientes frente a la complejidad del problema. Las sanciones aplicadas como multas elevadas, decomisos, destrucción de cultivos o judicializaciones por ocupación de tierras y delitos ambientales recaen desproporcionadamente sobre familias campesinas en situación de alta vulnerabilidad. En muchos casos, estas medidas se imponen sin ofrecer alternativas viables que les permitan permanecer en sus territorios, y terminan siendo costosas en términos logísticos y presupuestales, sin lograr resultados duraderos ni efectivos en términos ambientales ni sociales.

    Como respuesta a esta situación, el campesinado de Cartagena del Chairá ha venido organizándose desde 2021 para denunciar la criminalización injusta de quienes buscan proteger el bosque. A través de movilizaciones pacíficas, lograron la creación de la Mesa Municipal de Concertación Campesina Agroambiental por el Derecho a la Tierra, espacio desde el cual, se construyó una agenda para exigir soluciones estructurales: la revisión de la política de captura como mecanismo principal frente a la deforestación, la participación en procesos de zonificación ambiental y el reconocimiento de los derechos territoriales del campesinado, como respuestas reales frente a las causas de fondo de la deforestación en el territorio.

    En este contexto, las causas estructurales de la deforestación identificadas por el propio Estado persisten sin contención efectiva. Entre estas se destacan el acaparamiento de tierras, la expansión de la ganadería extensiva, la construcción de vías ilegales y, de manera creciente, el recrudecimiento del conflicto armado. Este último ha intensificado el control de actores armados ilegales sobre zonas estratégicas, facilitando la consolidación de economías ilícitas, la apropiación violenta de tierras y el deterioro del tejido comunitario.

    Estas dinámicas han agravado la informalidad en la tenencia de la tierra y han impulsado la expansión continua de la frontera agrícola. En territorios como Cartagena del Chairá, la presión sobre los bosques se ha profundizado debido a la presencia activa de grupos armados que regulan el uso del suelo, imponen restricciones de movilidad, promueven la ganadería ilegal y protegen la construcción de infraestructura no autorizada. Este control territorial impide no solo la acción del Estado, sino también la implementación efectiva de políticas públicas para la conservación ambiental y el fortalecimiento de los derechos del campesinado.

    Lejos de consolidarse una reducción sostenida en las tasas de deforestación, el panorama actual muestra una profundización de los riesgos sociales, económicos y ecológicos, con impactos directos sobre las comunidades locales y los ecosistemas amazónicos.

    Acciones comunitarias para enfrentar la deforestación

    Como apuesta por frenar los focos de deforestación y dar respuesta a los conflictos socioambientales en el territorio. La Asociación Ambiente y Sociedad y ASOJUNTAS de Cartagena del Chairá, han retomado desde inicios de 2024 las líneas de la Mesa de Concertación Agroambiental. Dicha agenda contempló tres líneas de trabajo: i) Acceso y derecho a la tierra ii) Respeto a los DDHH iii) Generación de alternativas de reconversión productiva que tengan en cuenta la economía campesina.

    Desde el Núcleo 5 de Cartagena del Chairá, estructura comunal organizada, resultado de las iniciativas autónomas de las comunidades campesinas que representan las Juntas de Acción Comunal, se ha realizado acompañamiento a la reconversión productiva y generación de alternativas económicas (Ver Figura 1).

    A través del proyecto Soluciones Apropiadas, se ha impulsado a 33 familias y su propuesta comunitaria enfocada en acciones culturalmente apropiadas para el territorio, por medio de subsistemas productivos de semillas locales como caña regional caqueteña, plátano, yuca y la implementación de sistemas de producción agroforestal que combina la producción de pasto con las especies forestales del territorio.

    Mapa Descripción generada automáticamente

    Figura 1. Organización núcleos comunales Cartagena del Chairá.

    Esta apuesta comunitaria se ha materializado en la propuesta de una finca modelo replicable para los predios de las 33 familias y una granja integral sostenible de construcción colectiva. La tecnificación de estas acciones y el fortalecimiento del tejido organizativo y productivo de las familias, ha permitido posicionar dos iniciativas que han logrado fortalecer la economía campesina, proteger el bosque y acciones que contribuyan al reconocimiento del campesinado como defensores de la naturaleza.

    “Ganarle espacio al pasto”, como primera iniciativa autogestionada por la comunidad, ha logrado frenar la expansión ganadera como principal motor de deforestación en el Núcleo 5 de Cartagena del Chairá y posicionar un modelo en el que es posible la convivencia de la ganadería con el bosque amazónico. Como segunda iniciativa, la granja integral ha permitido el intercambio vecinal de semillas locales y la generación de bioinsumos que reduzcan el gasto para el mantenimiento de los cultivos de subsistencia de las familias, logrando reducir las afectaciones a la naturaleza por el uso indiscriminado de productos químicos para la expansión agrícola.

    Estas iniciativas han permitido fortalecer un sistema con enfoque comunitario y sostenible, aportando capacidades técnicas e insumos con bajo impacto ambiental, que con el tiempo se espera contribuyan a promover la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de las relaciones comunitarias.

    Resultados del proyecto

    A pesar del contexto adverso marcado por el recrudecimiento del conflicto armado en zonas rurales de Caquetá, las acciones comunitarias lideradas por el campesinado organizado de Cartagena del Chairá han logrado mantenerse y fortalecerse. La estructura comunal del Núcleo 5, junto con organizaciones como ASOJUNTAS, ha demostrado que la autogestión territorial, el conocimiento profundo del entorno y el arraigo a la tierra pueden sostener iniciativas ambientales aún en medio de la presión de actores armados y dinámicas de violencia.

    Lejos de detener las actividades del proyecto, estas comunidades han resistido a las imposiciones y controles territoriales y han posicionado propuestas propias que articulan la defensa del bosque con el fortalecimiento de la economía campesina.

    Esta continuidad ha sido posible gracias a la legitimidad social que tienen sus formas organizativas, al desarrollo de estrategias colectivas de seguridad comunitaria y a la capacidad de generar soluciones adaptadas al territorio. Así, las experiencias del campesinado chairense reafirman que la construcción de propuestas ambientales sólo serán posibles si se parte del reconocimiento del campesinado como actor político clave en la gobernanza territorial y en la lucha contra la deforestación.

    Como resultados ambientales, el proyecto ha logrado mantener durante 18 meses similitudes en la cobertura boscosa en los predios de las 33 familias que participan en el proyecto. El área total de los predios es de 1431.5 hectáreas, con un área de bosque que se ha mantenido en pie de 301.5 hectáreas. El mantenimiento de la cobertura del bosque y cuidado territorial, han sido posibles por el compromiso de la comunidad a través del fortalecimiento de las iniciativas que han aportado alternativas económicas, la reducción de costos para la transformación de productos y nuevos canales de comercialización locales que proveen a las familias del proyecto de recursos permanentes.

    Hasta el momento se han impulsado: i) 28 modelos silvopastoriles ii) 10 subsistemas de avicultura y 6 piscicultura  iii) 11 policultivos.

    Conclusiones

    Para que se consolide una tendencia de disminución de las cifras de deforestación y sean   transformadas sus causas y agentes, es necesario incorporar en la agenda pública los modelos de gobernanza ambientales del campesinado y que este sujeto sea incluido de forma efectiva en los espacios de toma de decisión territoriales.

    Como se visibilizó en este documento, las iniciativas desde las organizaciones campesinas que cuentan con reconocimiento y acompañamiento en la generación de capacidades técnicas para el fortalecimiento de sus modelos productivos, logran contrarrestar localmente las causas de la deforestación. Sin embargo, para que estas acciones sean replicables y tengan una mayor escalabilidad, es necesario el reconocimiento por parte de la institucionalidad pública al campesinado como actor fundamental para el cuidado de la naturaleza y de la interlocución para propiciar soluciones a mediano y largo plazo.

    Desde la Asociación Ambiente y Sociedad, señalamos la necesidad de continuar el proceso de ajuste e integración de las iniciativas comunitarias en beneficio mismo del territorio desde los saberes, sentires y aspiraciones del campesinado que lo habita. Este proceso deberá conducir a dinámicas de arraigo y permanencia, como garantías para el cuidado del territorio y la conservación de la naturaleza

  • Diez asuntos urgentes para proteger la Amazonía que organizaciones de la sociedad civil colombiana proponen de cara a la COP16

    Diez asuntos urgentes para proteger la Amazonía que organizaciones de la sociedad civil colombiana proponen de cara a la COP16

    • La Alianza Escucha la Amazonía (ELA) presenta el “Decálogo de paz con la naturaleza para la Amazonía”, una hoja de ruta para lograr las transformaciones necesarias que eviten que esta región vital llegue a un punto de no retorno.

    La Amazonía colombiana, vital para el equilibrio hidroclimático del país y del planeta, así como para sustentar el bienestar de toda la población, enfrenta graves riesgos por la pérdida de bosque relacionada con cambios en el uso del suelo. Según la plataforma de información georreferenciada Mapbiomas, entre 1985 y 2023, esta región pasó de 42,3 millones a 39,4 millones de hectáreas de bosque natural, lo que representa una pérdida de casi el 7% de su vegetación. ¿Qué se puede hacer para frenar esta tendencia?

    La Alianza Escucha la Amazonía (ELA), conformada por ocho organizaciones de la sociedad civil de Colombia, presenta el “Decálogo de paz con la naturaleza para la Amazonía”, una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno colombiano, a los gobiernos de los estados amazónicos y a la sociedad en general, con el objetivo de asumir con responsabilidad política y ética el cuidado de esta región, garantizar el bienestar de sus habitantes, avanzar en la construcción de paz y evitar el punto de no retorno que llevaría a este territorio a transformarse, gradual o abruptamente, en una sabana tropical. La COP16 representa una oportunidad única para que Colombia amplíe su compromiso con el cuidado de la vida en sus múltiples expresiones, avance en los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) y se convierta en un actor global que articule las agendas de biodiversidad y cambio climático.

    Este decálogo es un llamado al Gobierno colombiano a garantizar un Estado intercultural que reconozca las contribuciones de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes en la protección de la selva y su biodiversidad; a poner fin a la deforestación a través de estrategias y metas ambiciosas y concretas; a lograr un ordenamiento territorial participativo que proteja los derechos de quienes habitan y gestionan este territorio; y a cerrar las brechas de género que afectan a las mujeres amazónicas.

    También es un llamado a la ciudadanía a entender la dependencia de su bienestar a la salud de la Amazonía, que el equilibrio del régimen de lluvias en otras zonas del país, como la región andina, depende de ella y a vincularse y apoyar las reivindicaciones de los movimientos sociales, pueblos indígenas y ONG que trabajan en la protección de la Amazonía. Además, es un llamado a los países de la región amazónica a establecer acuerdos de cooperación en la lucha contra el crimen transnacional.

    Los procesos de colonización, que han llevado a la expansión de la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras, la instalación de cultivos agroindustriales y la construcción de carreteras legales e ilegales, están generando una presión y destrucción acelerada en una de las regiones más biodiversas del planeta. A estos se suman las economías extractivas legales e ilegales (minería, narcotráfico, tráfico de fauna y flora, extracción de hidrocarburos), que no solo contribuyen a la deforestación y degradación de la selva, sino que afectan profundamente los derechos humanos de las comunidades locales, y el bienestar colectivo por los servicios ecosistémicos que dependen de la Amazonía (como, por ejemplo, la satisfacción de necesidades hídricas o la generación de energía eléctrica)

    En consecuencia, la Alianza Escucha la Amazonía (ELA), que nació hace más de dos años con el fin de posicionar la región amazónica en la agenda pública nacional, en su “Decálogo de paz con la naturaleza para la Amazonía” hace un llamado a los estados amazónicos y a la sociedad en general a:

    1.

    Materializar un Estado intercultural que respete los sistemas de conocimiento, la autonomía, formas de gobernanza y derechos bioculturales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto incluye formalizar las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) según el Decreto Ley 632 de 2018 y promulgar el Decreto de Autoridad Ambiental Indígena.

    2.

    Poner fin a la deforestación y promover la restauración de los bosques integrando los saberes locales. Esto incluye reportar en los informes del  IDEAM (Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales) el impacto de los motores de deforestación y aprobar la ley de trazabilidad ganadera para evitar el consumo de carne proveniente de zonas deforestadas y parques nacionales naturales, entre otros.

    3.

    Reglamentar los mecanismos financieros que buscan la mitigación del cambio climático y la conservación de la diversidad biológica, respondiendo a las órdenes de la Corte Constitucional que exigen regular las iniciativas de reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+), y garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas.

    4.

    Lograr una planeación y un ordenamiento territorial participativo (en más de 47 millones de hectáreas que conforman la Amazonía colombiana), con énfasis en la gobernanza del agua y los usos del suelo. Esto supone la coordinación adecuada con las autoridades de los territorios indígenas y sus instrumentos de gestión propios (Planes de vida).

    5.

    Promover la creación de una conciencia ambiental que le dé un lugar de preponderancia a la Amazonía dentro de la crisis climática y de pérdida de biodiversidad, fortaleciendo una política nacional de educación ambiental enfocada en transformar las prácticas sociales, económicas y culturales que degradan la naturaleza.

    6.

    Cerrar las brechas de género que afectan a las mujeres, incorporando un enfoque transversal en los programas destinados a la Amazonía. Las mujeres son clave en el cuidado de la biodiversidad, pero también las más afectadas por la violencia y el cambio climático.

    7.

    Garantizar la participación y veeduría ciudadana para monitorear las estrategias oficiales de conservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático. Es clave también para el seguimiento, incidencia y difusión en los informes del Panel Científico por la Amazonía.

    8.

    Combatir el crimen transnacional mediante acuerdos de cooperación regional entre los estados amazónicos. Fortalecer la coordinación entre las autoridades de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y activar el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI-Amazonía).

    9.

    Establecer acuerdos de cooperación diplomática para el cuidado del bioma amazónico y su gente, con el fin de crear sistemas de monitoreo y observatorios con información confiable, oportuna y actualizada, que permitan evaluar las presiones y amenazas a este bioma para llevar a cabo acciones preventivas o que contrarresten estas.

    10.

    Hacer seguimiento a los acuerdos de la cumbre de presidentes amazónicos de Belém do Pará (2023), que buscan movilizar recursos económicos para la protección de la Amazonía, fortalecer las capacidades institucionales de los Estados de la región, cooperar en delitos ambientales y promover una economía sostenible. Es fundamental rendir cuentas sobre los avances.

    *La Alianza Escucha la Amazonía está conformada por la Fundación Gaia Amazonas, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI-Colombia), WWF Colombia, la Fundación Etnollano, Asociación Ambiente & Sociedad, The Nature Conservancy Colombia y Dejusticia.

    DESCARGA AQUÍ EL DECÁLOGO DE PAZ CON LA NATURALEZA PARA LA AMAZONÍA: [wpfd_single_file id=»35928″ catid=»2977″ name=»ELA_decalogo_COP_VF_web»]

  • Litigio Climático: Un camino hacia la garantía del derecho a un Ambiente Sano

    Litigio Climático: Un camino hacia la garantía del derecho a un Ambiente Sano

    Autoría: Karol Sanabria

    En el Reporte Global de Litigio Climático 2023 elaborado por el programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas junto con el Sabin Center for Climate Change Law de Columbia Climate School se evidencia cómo los litigios climáticos se han duplicado en los últimos años a nivel mundial. Estos se han consolidado como una herramienta a través de la cual los niños, niñas, adolescentes, grupos de mujeres, comunidades locales, pueblos indígenas, entre otros, exigen que se respeten y reconozcan sus derechos humanos y se cumplan con las obligaciones de mitigación y adaptación al cambio climático; y en caso de ser necesario se ordene una compensación por los daños climáticos. Estos buscan respuestas o alivio a través de la aplicación de las leyes climáticas existentes, la integración de la acción climática en sectores como energía, transporte u otros, con el fin de que sus planteamientos sobre cambio climático en los distintos poderes legislativos y ejecutivos sean más ambiciosos y rigurosos.

    Uno de los casos más relevantes resueltos en Colombia es la acción de cumplimiento interpuesta por AIDA, CAJAR y CENSAT contra los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y de Minas y Energía; que buscaba exigir que se incluyeran elementos para la gestión del cambio climático en los procesos de licenciamiento ambiental de todos los proyectos relacionados con la cadena del carbón. Esta solicitud se basó en las obligaciones establecidas por la Ley 1931 de 2018 y la Ley 2169 de 2021, que exigen al Estado enfrentar la crisis climática y tomar medidas para mitigar y adaptarse a las fuentes y causas del cambio climático.

    En el caso se resaltó la conexión entre el sector del carbón y la crisis climática, así como el rol de Colombia como gran exportador de carbón. Este mineral se utiliza como fuente de energía fósil en otros países, pero sus emisiones no se habían incluido en los informes nacionales sobre cambio climático. Por lo tanto, el Consejo de Estado ordenó al MADS que, en el plazo de un año a partir de octubre de 2023, expidiera regulaciones para la verificación, certificación y registro de las emisiones, reducciones de emisiones y remociones de gases efecto invernadero (GEI) para el sector carbón. Además, le ordenó que acutalizara los términos de referencia para la estructuración de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos termoeléctricos, con consideraciones diferenciadas para los proyectos termoeléctricos a carbón. 

    Otro caso relevante, es el que analizó la Corte Constitucional en la sentencia T-123 de 2024, en la cual reconoce el desplazamiento forzado interno debido a factores ambientales, incluidos los relacionados con el cambio climático. La Corte amparó los derechos a vivienda digna, trabajo, mínimo vital, seguridad alimentaria y seguridad personal de una pareja mayor de edad obligada a desplazarse por las constantes inundaciones del río Bojabá. En este caso se realizó un análisis integral del desplazamiento forzado interno y la Corte concluyó que si bien en Colombia existían disposiciones legales que atendían a este fenómeno, se definían medidas de atención parciales o limitadas, lo que impedía una protección definitiva. Este litigio climático visibilizó un déficit de protección constitucional y abordó el desplazamiento forzado desde un enfoque ambiental, climático y de derechos humanos. 

    Por último, destacamos el reciente comunicado en el que la Corte Constitucional informó que, a través de la sentencia C-280 de 2024, decidió que el artículo 57 de la Ley 99 de 1993 sobre los EIA presenta un déficit de protección constitucional ya que desconoce los artículos 79 y 80 de la Constitución los cuales garantizan el derecho a gozar de un ambiente sano. La decisión se basa en que los requisitos de los EIA, los cuales no incluían explícitamente los impactos en materia de cambio climático. Esta omisión fue señalada por Ilex y Dejusticia, quienes argumentaron en su demanda que los elementos de los EIA son insuficientes, pues los riesgos climáticos son cada vez más complejos y sus variables requieren una evaluación especializada y particular, que incluya aspectos como la afectación en las economías locales, la seguridad alimentaria y los riesgos por eventos climáticos catastróficos.

    Como consecuencia de esto, la Corte exhortó al Congreso a que expida una regulación que incluya las variables, medidas y herramientas, que el Estado debe utilizar para dicha evaluación. Estos requisitos serán exigibles a partir del 1 de agosto de 2025 de acuerdo a los términos de referencia que actualice el MADS tanto para las solicitudes de licencia ambiental como para las solicitudes de renovación de las licencias ya otorgadas. 

    El rol de Ambiente y Sociedad 

    Ambiente y sociedad fue citada como experta por parte de la Corte Constitucional y contribuyó a este proceso ahondando en los riesgos que presentan distintos municipios del país de acuerdo a la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC) y la necesidad de tener en cuenta otras variables como: (i) la capacidad adaptativa (fortalezas y debilidades para afrontar el cambio climático), (ii) la sensibilidad (condiciones no favorables para afrontar el cambio climático) y (iii) la vulnerabilidad (relación entre la sensibilidad y la gestión de la capacidad adaptativa). 

     

    Centrándonos en el departamento de Meta, la TCNCC lo reconoció como un departamento en riesgo por el cambio climático, especialmente en lo que respecta a los recursos hídricos, la biodiversidad y la seguridad alimentaria, debido a la variación en las precipitaciones y el aumento de la temperatura. De ahí que el hábitat humano, la infraestructura y la salud serán altamente afectados en los escenarios a 2040, ya que se estima que el departamento del Meta será más seco. 

    Este escenario se intensifica aún más, si tenemos en cuenta que el Meta es históricamente reconocido como un departamento petrolero. La producción de petróleo, que requiere grandes cantidades de agua, amenaza la seguridad hídrica de la población en un contexto donde los recursos hídricos ya están proyectados a escasear debido al cambio climático, lo que también puede generar tensiones entre los proyectos y las comunidades.

    En nuestra intervención, resaltamos que el análisis de los proyectos que requieren licencia ambiental debe hacerse desde un acercamiento en dos vías: primero, analizando cómo se espera que el cambio climático afecte estas zonas y la operación de los proyectos; y segundo, analizando cómo la operación de los sectores puede agudizar la crisis generada por las consecuencias del cambio climático. Un ejemplo es el sector petrolero, que en toda su cadena productiva también contribuye al aumento en la concentración de GEI en la atmósfera, intensificando las consecuencias del cambio climático, ya que solo en la extracción genera emisiones fugitivas de metano (CH4), que atrapa 86 veces más calor que el dióxido de carbono (CO2).

    Es así como concluimos que, para prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental causados por los proyectos petroleros y de otros sectores, era esencial declarar el déficit de protección constitucional del artículo 57 de la Ley 99, en el entendido de que los EIA deben incluir los impactos del cambio climático y documentar las emisiones directas e indirectas de GEI de los proyectos. Esto se justifica por el ejercicio de derecho comparado, en el que mostramos cómo esta práctica ya se lleva a cabo en países como Alemania, España, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y en toda la Unión Europea, donde las normas se han ido ajustando de acuerdo a los retos que impone la crisis climática.

    El rol transformador del litigio en la crisis climática 

    Desde Ambiente y Sociedad, celebramos la decisión de la Corte Constitucional y el impulso de organizaciones de la sociedad civil, como Dejusticia, que por medio del litigio climático empiezan a generar cambios en un contexto que requiere de acción; concretamente en este caso, la identificación de estos riesgos para las operaciones de la industria y para los ejecutores de los proyectos, de hecho se presenta como una oportunidad para garantizar la competitividad a largo plazo.

    Asimismo, se fortalece el derecho a la información ambiental y a la participación ciudadana al permitir que las personas estén informadas sobre los impactos que generan los proyectos en los territorios. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cambio climático constituye un daño significativo que afecta el goce efectivo de los derechos humanos. Estar al tanto de estos impactos permite a la ciudadanía involucrarse de manera más efectiva en la toma de decisiones y en la supervisión de proyectos, asegurando que se tomen medidas adecuadas para mitigar los efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud pública.

    La implementación de esta sentencia deberá tener en cuenta que las medidas a adoptarse también deben reconocer el rol activo de protección de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos para lograr una acción climática efectiva, tal como fue mencionado en diversas ocasiones en las audiencias públicas de la Corte IDH en el marco de la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. De tal manera que, la inclusión de la variable de cambio climático podría generar el mismo impacto, al respaldar su rol de protección territorial, impulsando un escenario efectivo de mitigación. 

     

    Para ello, también será esencial la ratificación del Acuerdo de Escazú; el único acuerdo vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) del 2012, el cual estamos a la espera de la revisión legal de fondo y forma de la Corte Constitucional, que trae elementos que fortalecerán y permitirán una garantía efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales y el abordaje de la crisis climática global.

  • Desafíos y compromisos: El Rol de Ambiente y Sociedad

    Desafíos y compromisos: El Rol de Ambiente y Sociedad

    El Día del Medio Ambiente es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro compromiso con el planeta y las acciones que emprendemos para preservarlo. En este contexto, el trabajo de Ambiente y Sociedad adquiere una relevancia crucial, especialmente en un escenario de creciente polarización y desafíos ambientales.

    Desde hace más de una década, Ambiente y Sociedad (AAS) ha sido un actor clave en las discusiones sobre derechos ambientales en Colombia. En un mundo marcado por conflictos y tensiones, nuestro  enfoque en la justicia ambiental y climática ha sido fundamental, ya que se busca garantizar que todas las personas, independientemente de su origen o condición, tengan acceso a un ambiente sano  y seguro. En un país donde las comunidades más vulnerables enfrentan de manera desproporcionada los impactos de la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, esta labor resulta fundamental.

    En ese marco, nos encargamos de  identificar y disminuir estas desigualdades, asegurando que las decisiones y políticas relacionadas con el ambiente se tomen de manera justa y equitativa. Esto implica defender el derecho de las comunidades a participar y beneficiarse activamente de las acciones que actualmente impulsa el gobierno nacional para luchar en contra del cambio climático  y a tener acceso a mecanismos de justicia ambiental que les permitan proteger sus derechos.

    Otro aspecto crucial del trabajo de AAS es nuestro  enfoque en alternativas al desarrollo. En un mundo donde el modelo de desarrollo predominante a menudo entra en conflicto con la protección del ambiente, buscamos promover iniciativas que puedan coexistir de manera sostenible con el territorio, apoyando a las organizaciones sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, Ambiente y Sociedad contribuye a la construcción de un modelo de desarrollo más inclusivo y respetuoso con el ambiente.

    En la Asociación buscamos fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales y de derechos humanos. En un contexto donde la desconfianza hacia las organizaciones de la sociedad civil es creciente, este programa juega un papel relevante en empoderar a las comunidades para que puedan defender sus derechos y participar activamente en la protección del ambiente.

    Es vital en un momento en que los desafíos ambientales y sociales son cada vez más urgentes, que la sociedad civil esté pendiente y acompañando a las comunidades locales. Nuestro enfoque en la justicia ambiental y climática, las alternativas al desarrollo y la gobernanza territorial ofrece una hoja de ruta para un futuro más sostenible y equitativo. En el Día del Medio Ambiente, celebremos y renovemos nuestro compromiso con la protección del planeta y sus ciudadanos.

     

  • Agenda de género para la protección ambiental: mujeres en su diversidad, pilar fundamental

    Agenda de género para la protección ambiental: mujeres en su diversidad, pilar fundamental

    Elaborado: Ambiente y Sociedad

    En Ambiente y Sociedad sabemos que no habrá justicia ambiental sin justicia de género. Nuestras contribuciones a la transformación social y gobernanza ambiental parten de acciones internas y externas que responden a dinámicas de inequidad, discriminación y/o exclusión que enfrentan las mujeres. Las mujeres participan y han participado en la construcción de agendas ambientales a nivel regional, nacional y territorial, aportando desde sus diversas experiencias, sentires, conocimientos y habilidades que enriquecen los procesos. El reconocimiento de su labor como guardianas, cuidadores, protectoras y defensoras de sus entornos es una urgencia y una necesidad.

    Este reconocimiento y compromiso parte desde nuestro funcionamiento. Nuestra estructura se compone por un equipo de mujeres que lideran los diferentes programas y una junta directiva paritaria. Nuestros salarios, horarios y dinámicas de comunicación interna promueven la construcción de un espacio de trabajo solidario, seguro, justo y libre de violencias.

    En nuestra labor, el enfoque de género situado es un eje transversal para todo el análisis, investigación e incidencia que realizamos. Comprendemos el trabajo articulado con procesos organizativos de base y liderazgos de mujeres en su diversidad como un elemento esencial, entendiendo que el fortalecimiento, la escucha y la comprensión de sus experiencias es lo que traza el camino a la acción y la transformación efectiva.

    Trabajamos con mujeres campesinas, jóvenes, indígenas, NARP y mujeres con orientación sexual e identidad de género diversa, que defienden sus territorios. Junto a ellas, buscamos la protección del ambiente con un enfoque de derechos humanos. La defensa del ambiente está intrínsecamente ligada a la defensa de los derechos humanos, por lo que abordar la complejidad de los desafíos ambientales requiere de la participación activa de las mujeres en todos los procesos de diagnóstico, análisis, decisión, implementación y seguimiento, para conocer su experiencia vital y dar respuestas reparadoras. 

     

    La participación y el reconocimiento de las labores de las  mujeres en defensa del ambiente es crucial. Las afectaciones diferenciadas que generan los conflictos socioambientales y la crisis climática en sus vidas, requieren de acciones particulares, que surjan de la escucha atenta y sensible a sus experiencias, peticiones y recomendaciones. 

    Reconocemos y celebramos los espacios ganados por las mujeres en toda su diversidad y el poder de sus acciones que se hace cada vez más visible en escenarios de participación y toma de decisión liderando iniciativas desde la cotidianidad y el activismo hacia la defensa del territorio, el cuerpo, el ambiente y los derechos humanos.

    El trabajo conjunto es fundamental para lograr objetivos colectivos. La participación activa de las mujeres, junto con la de otros actores sociales, construye un futuro donde la protección del ambiente, la justicia social y de género son una realidad. 

    Nuestra organización trabaja para generar  cambios positivos en la regulación y las políticas ambientales, el fortalecimiento de procesos sociales y comunitarios, así como también aspira a ser un catalizador de transformaciones sociales profundas. Por ello, promovemos la aplicación plena de los derechos de participación, acceso a la información y la transparencia en todas las instancias, tanto públicas como privadas. Creemos firmemente que la labor de las mujeres para gozar de los derechos humanos y ambientales ha sido determinante, y que su fortalecimiento y reconocimiento debe ser parte de nuestra agenda común.

    Resaltamos nuestro compromiso con la agenda de género y el reconocimiento del rol central de las mujeres, esencial en nuestra labor como organización comprometida con los derechos humanos. Las mujeres son las protagonistas indiscutibles, liderando la marcha hacia un futuro inmediato en donde la protección del ambiente y los derechos humanos se entrelazan inseparablemente.

    Revisa nuestra nota en el Blog del Espectador: https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/voces-por-el-ambiente/agenda-genero-la-proteccion-ambiental-mujeres-diversidad-pilar-fundamental

  • El Sistema Nacional Ambiental debe participar en el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos

    El Sistema Nacional Ambiental debe participar en el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos

    Elaborado por: Sofía Díaz Echeverri, investigadora del área de Alternativas al Desarrollo de la Asociación Ambiente y Sociedad

    El Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos reconoce que el hecho de ser mujeres, implica riesgos y amenazas particulares en el ejercicio de liderazgo y defensa de derechos humanos. Pero, hasta ahora, no ha contado con herramientas para atender la situación particular de las defensoras ambientales. En este artículo compartimos las acciones que, desde Ambiente y Sociedad, recomendamos se tengan en cuenta en la construcción del nuevo Plan de Acción Nacional y los procesos de territorialización del Programa.

    Los riesgos y amenazas que enfrentan las defensoras de derechos humanos responden a quiénes son, dónde están, con quiénes se relacionan y qué hacen. La diversidad en las mujeres y en sus labores de defensa y liderazgo, requieren de una respuesta institucional articulada, contextualizada y robusta. El Plan de Acción Nacional (2019-2022) que agrupaba las responsabilidades de las entidades en las líneas de prevención, protección, y garantías de no repetición, no aprovechaba las capacidades y responsabilidades de las entidades vinculadas, no se proponían acciones con un impacto transformador. Lo mismo ocurría con los procesos de territorialización. 

    El nuevo Plan de Acción Nacional y los territoriales, deben agrupar responsabilidades que sean innovadoras y brinden soluciones a las problemáticas de raíz. Dentro de los ajustes necesarios para este nuevo proceso, es clave atender la situación de defensoras ambientales. Por esto, desde Ambiente y Sociedad presentamos al Comité de Impulso del Putumayo una propuesta de acciones, de acuerdo al trabajo que hemos realizado en el Departamento. Las acciones fueron acogidas y presentadas en los espacios organizados por el Ministerio del Interior para la recolección de insumos. Estos, son relevantes no sólo para el Putumayo, sino para el Plan nacional y los otros procesos de territorialización.

    Para la línea de prevención, resaltamos la importancia de realizar un diagnóstico sobre la situación de lideresas y defensoras ambientales, que permita conocer las fortalezas y necesidades de cada territorio para prevenir y proteger los riesgos que enfrentan. El ejercicio riguroso de este diagnóstico requiere de la participación de las defensoras y lideresas y de la articulación de entidades, para comprender la complejidad de su situación y los vacíos que hay en la respuesta. 

    Este ejercicio diagnóstico se podrá nutrir, además, de la articulación con otras políticas. En este sentido, recomendamos definir una ruta para la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú que permita fortalecer la participación de mujeres defensoras dentro de todas las instancias de toma de decisión en materia ambiental a nivel territorial. Teniendo en cuenta que se está finalizando el trámite de ratificación de este Acuerdo, la obligación que plantea de realizar un diagnóstico, el fortalecimiento del marco normativo en materia de prevención y protección, y las garantías para la democracia ambiental que ofrece, son claves para este momento de planeación del Programa. 

    También se resaltó la necesidad de realizar una evaluación que permita determinar la posibilidad de avanzar en la implementación de la Hoja de Ruta del Plan de Acción de Género y Cambio Climático de Colombia que lidera el Ministerio de Ambiente, en el departamento. Este resalta la importancia de la participación de organizaciones de mujeres en la construcción de acciones y medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático. La Hoja de Ruta reconoce el vínculo que existe entre la justicia climática y la justicia de género, y el rol de las mujeres como vital para la formulación de proyectos, políticas, estrategias y acciones para la gestión del cambio climático. En este sentido, su ampliación en los lugares donde avanza el Programa permitiría fortalecer los liderazgos ambientales de las mujeres. 

    En línea con la participación como herramienta clave para la prevención, se planteó la importancia del fortalecimiento de la participación de las defensoras del Putumayo en el Centro Regional de Diálogo Ambiental de la Macrocuenca Amazonas. Se deben brindar garantías para la participación efectiva de las mujeres en instancias con capacidad de incidencia en materia ambiental en todo el país. Estos espacios permiten visibilizar la manera en la que los conflictos socioambientales las afectan y los daños que ellas perciben, de manera que obtengan soluciones concretas al respecto.

    Por último, en la línea de garantías de no repetición, planteamos la importancia de reconocer que la estigmatización y criminalización de quienes defienden el ambiente es una práctica reiterada. En este sentido, se presentó la necesidad de realizar ejercicios de capacitación con enfoque de género a la Fiscalía para prevenir estas acciones. Además, identificar casos en contra de defensoras, para que sean llevados a las Mesas de Seguimiento a Casos, con la intención de agilizar y aclarar sus procesos, garantizando su derecho de acceso a la justicia.

    En general, la vinculación de entidades del SINA en el Programa Integral de Garantías sería un paso fundamental para demostrar que se comprende la complejidad del riesgo que enfrentan las defensoras ambientales. El rol del Estado en la prevención y protección es central por la responsabilidad que se le ha otorgado y ha asumido. El buen resultado de estas políticas depende de que se escuche el llamado de las mujeres, que han insistido en que la mirada diferencial y territorializada no se puede limitar a un enunciado en los principios de las políticas. 

    Detrás de los formalismos que exige la ley, cuando hablamos de prevención y protección, estamos hablando de cuidar a quienes ponen sus cuerpos al servicio del cuidado de la vida y el territorio, respondiendo a las violencias. Recordar que hablamos de personas, y no solo de cifras u obligaciones, es fundamental para comprender la necesidad que hay en robustecer las políticas, y ofrecer respuestas sensibles, humanas y rigurosas. 

    Las defensoras ambientales del Putumayo, por ejemplo, ven sus cuerpos y ubican la conexión con el universo, la madre tierra y la fertilidad, en el ombligo; en su cabeza, los pensamientos de cuidado de la madre tierra, protección, unidad y conexión espiritual; llevan palabras de sabiduría y consejo en sus bocas; en sus hombros cargan sufrimiento, machismo, racismo, violencia; de sus manos entregan caricias, cariño, y su quehacer en la siembra, la sanación, el tejido y los proyectos comunitarios; su corazón se llena de amor, esperanza, miedo y valentía; y en su vagina ven el placer que les genera lograr objetivos, el buen trato, las caricias, el respeto y ser amadas.

    Reconocerlas a través de  lo que ellas mismas ubicaron en sus cuerpos nos recuerda la importancia que hay en comprender la fuerza y vulnerabilidad que las compone y la relación que tienen con todo lo que las rodea. Regresar a la escucha atenta de sus experiencias será fundamental siempre para poder dar respuesta con la misma profundidad que mueve su labor. Desde Ambiente y Sociedad continuaremos atentas al cumplimiento de estas recomendaciones, al ser un ejercicio básico de reciprocidad con ellas y una garantía para el derecho a un medio ambiente sano, a la autonomía territorial, soberanía alimentaria e identidad cultural.

  • ¿Qué esperar de la Ley de Pasivos Ambientales?

    ¿Qué esperar de la Ley de Pasivos Ambientales?

    María Paula González Espinel
    Investigadora en Ambiente y Sociedad

     

    El 13 de septiembre de 2023, se expidió la Ley 2327 (Ley de Pasivos Ambientales o la ley), por medio de la cual se estableció la definición de pasivo ambiental y se fijaron los lineamientos para su gestión. Conforme lo determinado por la Ley, los pasivos ambientales son las afectaciones ambientales originadas por actividades antrópicas, es decir, por actividades realizadas por el ser humano que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y que generan un riesgo no aceptable a la vida, la salud humana o el ambiente.

    Pueden ser actividades que se hayan realizado directa o indirectamente, que estén autorizadas o no, y que sean susceptibles de ser medibles, ubicables y delimitables geográficamente; como, por ejemplo, la contaminación del suelo o de un río generada por el derrame de crudo de petróleo que ponga en riesgo la salud humana y el ambiente de una comunidad ubicada en dicho territorio y que al no haberse gestionado aún ese impacto, se siga generando riesgo de afectación.

    Tener claridad sobre lo que se entiende en Colombia por pasivo ambiental resulta importante porque evidencia no solo las actividades nocivas para el ambiente, los territorios y quienes los habitan, también permite identificar a los titulares de un permiso, autorización o licencia ambiental que hayan generado dicho pasivo y las acciones que deben adelantar para remediar cualquier afectación generada.

     

    ¿Cuáles son los principales aspectos que se regularon en la Ley?

    La Ley de Pasivos Ambientales estableció que el Gobierno junto con las autoridades ambientales y demás autoridades competentes, en el término de un año, fijen los lineamientos de la Política Pública para la Gestión de Pasivos Ambientales. La política debe contar con un diagnóstico previo, así como un plan de acción y seguimiento.

    Adicionalmente, ordenó la creación del Comité Nacional para la Gestión de Pasivos Ambientales, el cuál será responsable de la puesta en marcha de la política y su seguimiento.

    Por otro lado, ordenó la creación del Sistema de Información de Pasivos Ambientales, que contará con el Registro de Pasivos Ambientales (REPA) y va a contener información clara, completa, pública y oportuna sobre la ubicación de los pasivos ambientales declarados en el territorio nacional, los responsables de su intervención y las actividades que hagan parte del Plan de Intervención de los Pasivos Ambientales (artículo 7).

    Es importante resaltar que, el establecimiento de un Sistema de Información de Pasivos Ambientales va de la mano con lo determinado en el artículo 6 del Acuerdo de Escazú, que sigue sin ser ratificado en Colombia, pero que establece la obligación de contar con un sistema de información ambiental que debe incluir un listado de zonas contaminadas por tipo de contaminante y localización.

    Esto reafirma la necesidad de que todas las personas tengan acceso a la información ambiental y permite que Colombia, al momento de ratificar el Acuerdo de Escazú, aporte su experiencia en la creación y mantenimiento de este sistema de información, el cual estará constantemente actualizado y deberá ser de fácil acceso.

    En este mismo sentido, conforme el artículo 8 de la Ley, en caso de que las autoridades ambientales identifiquen un área con sospecha de tener pasivos ambientales, tendrán que adelantar los estudios preliminares de riesgos que sean necesarios para determinar la configuración del pasivo ambiental, identificando al presunto generador e iniciar las acciones necesarias para su intervención, independientemente de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar.

    Esto quiere decir que, los planes que se establezcan para la gestión de los pasivos ambientales y las actividades de remediación que estos incluyan, no exime a las autoridades ambientales de iniciar los procesos sancionatorios a que haya lugar conforme lo establecido en la Ley 1333 de 2009, o la que la modifique y/o sustituya.

    Igualmente, la Ley incluye la posibilidad de declarar un responsable indeterminado en caso de no poder identificar el responsable del pasivo ambiental; para lo cual, la autoridad ambiental incorporará el pasivo en el REPA con el fin de que sea incluido en el listado de priorización de atención de pasivos ambientales conforme lo determinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

    Adicionalmente, se podrá declarar la configuración de responsable sin capacidad económica para asumir el costo de atención del pasivo ambiental y así establecer las actividades a seguir para su gestión. Lo que evidencia que, la Ley busca que además de que se identifiquen plenamente los pasivos ambientales que hay en el territorio nacional, todos o al menos la gran mayoría sean gestionados de acuerdo a lo que se determine por la autoridad ambiental competente.

    Otro de los aspectos más relevantes que trae la Ley de Pasivos Ambientales, es la posibilidad de que las autoridades ambientales expidan un Plan de Intervención de Pasivos Ambientales a terceros no responsables de un pasivo ambiental para su gestión. Esto permitirá que terceros interesados puedan gestionar pasivos ambientales sin ser responsables de estos, con el fin de recuperar los ecosistemas que hayan sido afectados y requieran de un plan de intervención para su rehabilitación, remediación, restauración o aislamiento.

    Para esto, se ordenó al Gobierno que reglamente los incentivos correspondientes que se otorgarán a quienes decidan hacerse cargo de dichos pasivos. Por último, se ordenó al MADS y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que establezcan el sistema y método de financiación y apropiación de recursos para la gestión de pasivos ambientales.

    Lo anterior, evidencia una vez más, el interés del legislador de que se identifiquen los pasivos ambientales en territorio, y que estos sean gestionados de forma tal que se logre una verdadera remediación y/o restauración del territorio.

     

    ¿Cuáles son los principales retos que trae consigo la Ley?

    • Uno de los principales retos que trae la implementación de la ley es el fortalecimiento de la capacidad institucional para materializar las órdenes de la misma respecto a la identificación de los pasivos ambientales. Como se puede evidenciar en el texto de la Ley, se requiere de una reglamentación específica en la que van a participar las autoridades ambientales competentes con dirección del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
    • En la Ley no se establecieron escenarios de participación claros en los que puedan participar las comunidades y la sociedad civil para la atención de pasivos ambientales; se considera que este es uno de los retos más grandes que tiene la implementación de esta ley, pues resulta necesaria e indiscutible la participación de las comunidades en la identificación y atención de los pasivos ambientales, ya que son estas las que conocen el territorio y pueden aportar información valiosa para la gestión de estos.
    • Otro de los retos que trae la implementación de la ley, es la definición de criterios de priorización e inclusión de estos en el sistema de información de pasivos ambientales; sin duda, se requiere de un equipo multidisciplinario que identifique los criterios necesarios para definir cómo y cuándo priorizar un pasivo ambiental para su gestión.
    • Por otro lado, el reto para los legisladores será que no se dé un traslape o confusión de la definición de pasivo ambiental con la de daño ambiental, la cual se está discutiendo actualmente en el proceso de modificación de la Ley 1333 de 2009 que cursa en el Congreso de la República.

    Lo cierto es que la expedición de la Ley de Pasivos Ambientales establece por primera vez un régimen legal aplicable en todo el país para la gestión de aquellos impactos ambientales que no han sido atendidos y que han afectado el ambiente, y es un avance en el ordenamiento jurídico ambiental que no se puede desconocer.

    Como ciudadanía esperamos que, de acuerdo a lo determinado en esta Ley, las autoridades ambientales gestionen, evalúen y realicen seguimiento a los pasivos ambientales y que, con su identificación, se remedien y se recuperen los ecosistemas que se han afectado y sobre todas las cosas, los responsables sean identificados y cuando corresponda, sancionados.

    No obstante, el éxito de esta Ley depende de su reglamentación, el cual está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de que este proceso sea participativo, adecuado, oportuno y cuente con el compromiso de todas las autoridades competentes, así como del sector privado.

  • La Reforma Agraria en primera línea

    La Reforma Agraria en primera línea

    Linda Lucía Pinzón

    Investigadora en Ambiente y Sociedad

    La cuestión agraria se pone en la primera línea de las reformas y se perfila como un asunto crucial en la afanosa cruzada del Gobierno Nacional por saldar las deudas con el campesinado. Pese a los asuntos pendientes por reglamentación, traer la Reforma Agraria al frente es un gran avance. Esta columna muestra algunos de los avances legales más destacados y los desafíos que aún enfrenta el campesinado en la Amazonía.

    La Reforma Agraria no es solo un asunto técnico o legal, es la promesa de un futuro más justo y próspero para las comunidades rurales de Colombia. Por esta razón, fue el primer punto en el Acuerdo de Paz para lograr una paz sólida y duradera. En la Amazonía, uno de los desafíos más urgentes es regularizar la tenencia de la tierra y frenar la expansión de la frontera agrícola. Esta región se distingue por los siguientes elementos:

    1. Alta informalidad en la tenencia, alcanzando en Caquetá y Putumayo índices mayores al 50%. Esto implica que más de la mitad de los predios rurales no cuentan con todos los requisitos para ser reconocidos como privados[1]. Así mismo, para el 2018 el GINI rural era superior al 0.8 en los departamentos de Caquetá y Amazonas[2], lo que pone de presente una muy alta concentración de la tierra.
    2. La deforestación es un problema crónico en la Amazonía[3]. El Acuerdo de Paz propuso que la Reforma Rural Integral debe contribuir a su disminución, a partir del cierre y estabilización de la frontera agrícola.
    3. El conflicto armado se agudiza cada vez más en la región[4] con el asesinato de líderes sociales en la Amazonía. Desde el Acuerdo de Paz, se comprende que la Reforma Rural Integral (RRI) debe contribuir a la paz y la seguridad en la región.

    Desde el 2022, se han realizado cambios importantes en el régimen de tierras con impactos en la Amazonía. Entre estos, resaltamos la Sentencia de Unificación SU -288 del 2022 de la Corte Constitucional que le ordena al Estado recuperar los baldíos que podrían haber sido declaradas propiedades privadas por jueces, sin considerar su función social y ecológica ya que, en principio, deberían haber sido adjudicados por el Estado a sujetos de reforma agraria, lo que hace evidente dos situaciones fundamentales:

    1. Las personas acudieron al sistema judicial ante las fallas del Estado para administrar, regular y redistribuir los predios de la Nación.
    2. Existe la urgente necesidad de corregir un posible mecanismo de acumulación de tierras que agudizó los conflictos en el campo.

    La sentencia resalta esta realidad, haciendo evidente la alta inseguridad jurídica alrededor de la tenencia de la tierra. Ahora bien, esta no sólo marca un hito legal, sino que plantea interrogantes que nuestra sociedad debe abordar: ¿Estamos verdaderamente asegurando la justicia social y una redistribución equitativa de la tierra? ¿Qué medidas se deberían tomar para brindar seguridad jurídica a quienes buscan el reconocimiento de sus derechos en este contexto?

    Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el futuro de la tenencia de la tierra en Colombia y sobre cómo el Estado puede tomar las riendas de este tema desde criterios de justicia y equidad, al respecto se tienen los siguientes esfuerzos: 

     

    Retos en un escenario como la Amazonía

    El Acto Legislativo 1 de 2023 reconoce al campesino como eje central del desarrollo, promoviendo sus derechos y oportunidades. Ahora bien: ¿Qué implicaciones prácticas tiene este reconocimiento? Hasta el momento el campesinado y la cuestión agraria continúan en las márgenes de discusiones importantes en la Amazonía, como lo es la implementación de la Sentencia 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia, la ocupación campesina en áreas de importancia ambiental y los modelos de desarrollo de la región. Aquí, uno de los retos es articular la agenda ambiental con la apuesta agraria.

    Ante este desafío, el Decreto 1406 del 29 de agosto 2023 que reactiva el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Rural se presenta con una estrategia integral que busca conservar el ecosistema, reducir la deforestación y fomentar prácticas agrícolas sostenibles. Esta podría ser una oportunidad de articulación en la Amazonía.

    Con la incorporación de la Jurisdicción Agraria y Rural mediante el Acto Legislativo N°03 de 2023, surge el desafío de garantizar una participación adecuada, enfoques diferenciados y criterios ambientales precisos para la Amazonía. Los datos demográficos subrayan la importancia de esta perspectiva, pues los departamentos más poblados de esta región albergan 216 territorios indígenas, responsables de más del 50% de la selva amazónica. Desde el punto de vista ambiental, el 28.4% de la Amazonía está cubierto por Áreas Naturales Protegidas (Gaia Amazonas, 2019), lo que hace imperativo que los jueces consideren criterios interculturales y ambientales, además de la legislación agraria, para garantizar la justicia social y proteger los derechos de las comunidades y la Amazonía.

    Otro gran desafío que enfrenta la Amazonía es la necesidad de un Catastro Multipropósito eficaz y participativo, que ahora está delineado por la Resolución 1040 del 2023, este tiene un reto importante en materia de participación y enfoques diferenciales, pues en un comunicado de prensa del 20 de julio de 2023, la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC y el Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC, expresaron su preocupación por el enfoque del catastro multipropósito en la Amazonía, indicando que no se ha realizado la consulta previa y que su aplicación pone en riesgo los resguardos coloniales y republicanos (CRIC, 2021).  Por su parte, comunidades campesinas señalan que no hay clara articulación de este instrumento con otros mecanismos del Acuerdo de Paz, relacionados con el acceso y redistribución de la propiedad.

    Finalmente, en fila se encuentran los siguientes proyectos normativos con ocasión al Plan Nacional de Desarrollo 2022 y 2026, en cumplimiento de las sentencias T-488 de 2014, T-622 de 2017, T-052 de 2017 y la SU 288 de 2022 de la Corte Constitucional:

    En el contexto amazónico, donde la tenencia de la tierra es fundamental para la sostenibilidad y equidad, estas regulaciones pueden asegurar una distribución justa de la propiedad y un manejo adecuado del territorio, promoviendo el uso adecuado del suelo conforme su vocación agrícola y productiva, disminuyendo la deforestación, garantizando el acceso a la tierra de la comunidad campesina, los cuales son los fines del Estado.

    Así pues, que la cuestión agraria se sitúe en el centro de las reformas, consolidándose como un asunto de importancia no es tema menor, no hace falta más que recordar las raíces del conflicto armado en Colombia. Por eso, a pesar de los desafíos y temas pendientes en términos de reglamentación, el hecho de que la reforma agraria se ubique en primera línea representa un notable progreso.

    [1] Amazonas 16,25%, Caquetá 58%, Guainía 36,76%, Guaviare 32,34%, Putumayo 61,41%, Vaupés 39,29%(UPRA, 2020)

    [2] Amazonas de 0,82, Caquetá 0,826, para Putumayo de 0,738, Vaupés 0,49) Guaviare y Guainía no se pueden calcular porque tienen menos de 10 propietarios privados con predios en destino agropecuario, pero cuenta con datos del 2015 que indica (Guainía 0,6164, Guaviare 0,5519) conforme datos recaudados (DANE, 2022)

    [3] Caquetá, en la Amazonía, perdió 5861 hectáreas más de bosque —en 2020 perdió 32 522 hectáreas— y presentó el mayor aumento en el país. Otros de los territorios más impactados fueron Guaviare (25 021 hectáreas), Putumayo (12 804 hectáreas) y el sur del Meta, que también forma parte de la selva amazónica ( (Mongabay, 2022).

    [4] Los riesgos para la población residente en el territorio de las subregiones Eje Putumayo y Trapecio Amazónico se expresan en la posibilidad de sufrir extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, homicidios selectivos con especial afectación de autoridades tradicionales, incluyendo aquellas que son defensoras de los derechos colectivos y del ambiente (Defensoria del Pueblo., 2021, pág. 10).

    [5] Mediante Decreto 2367 de 2015 “Por el cual se crea el Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural”.

    [6] La sentencia fue proferida a raíz de una acción de tutela interpuesta por un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos que solicitaron la protección de sus derechos al ambiente sano, a la vida y a la salud, vulnerados por las altas tasas de deforestación de la Amazonía colombiana.

    [7] El Plan de implementación de la reforma agraria en Colombia es un documento que establece las acciones y metas que el gobierno colombiano debe implementar para lograr la reforma agraria y el desarrollo rural sostenible, sin embargo, este documento fue posible consultarlo.