Primera publicación: El Espectador
Por: Edwin Bohorquez Aya
Acaba de pasar el “Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos”, además del “Foro Alternativo Abusos de poder empresarial: la otra cara de la rendición de cuentas sobre empresas y derechos humanos”, que hizo que el gobierno nacional, el sector privado y que distintos actores representantes de la sociedad civil pusieran sobre la mesa un asunto histórico sobre el que en Colombia se han escrito tantas páginas de libros como historias mismas existen al respecto: la relación entre el desarrollo empresarial y la existencia de conflictos con comunidades quienes denuncian la violación de sus derechos como pueblos defensores de la tierra, advirtiendo la afectación en ecosistemas que históricamente han protegido. Así que, con la llegada de una nueva administración a la Casa de Nariño, ¿qué se puede esperar en los próximos cuatro años?
“Colombia tiene una política pública desde el 2012, un Plan Nacional de Empresas y Derechos humanos -ya están en su segunda iteración, en su segunda versión-, y pues desde el grupo de trabajo de Naciones Unidas con experticia en este tema, vemos con buenos ojos que existen estos planes, pero creemos que hay una oportunidad enorme de revisarlos, fortalecerlos, y de trabajar en otra áreas, no solo de política pública sino también en revisar qué leyes hay y cómo funcionan. Por ejemplo, leyes en materia de protección ambiental para otorgar permisos ambientales, exigir valuaciones a las empresas antes de operar, todo el tema de licencias sociales y la exigencia de valuaciones de impacto, que se debería hacer por parte del Estado como regulador y garante de los derechos humanos hacia las empresas; entonces creo que es revisar las políticas públicas existentes, eso definitivamente tiene que suceder, pero también revisar el marco legal y fortalecerlo en la medida en que lo necesiten en el contexto que está viviendo Colombia”, dijo Fernanda Hopenhaym, presidenta y miembro del grupo de trabajo sobre las empresas y los Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en representación de América Latina.
Ella se refiere a la realidad que se está viviendo en Colombia, donde “como todos sabemos es muy complejo para las y los defensores de Derechos Humanos, sobre todo en los territorios y sobre todo cuando enfrentan a proyecto de naturaleza extractiva, o industrias de alto riesgo para los derechos humanos; entonces hay que caminar por varias avenidas, la de política pública, pero también la de regulación con mejorar leyes, marcos normativos, y también la ratificación del acuerdo de Escazú, un elemento fundamental en el contexto interamericano hacia un tratado legalmente vinculante en la materia a nivel internacional”, agregó durante un conversatorio organizado por El Espectador y Ambiente y Sociedad. Lo advierte Hopenhaym después de recordar que en su tarea está vigilar la implementación de los principios rectores de la ONU donde se busca proteger los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial, clarificar las obligaciones y responsabilidades del Estado, y de las empresas en la materia de abstenerse de hacer daño y de que haya garantías a los derechos. Hasta el momento, se sabe que el presidente electo ya designó a Cecilia López como nueva ministra de Agricultura y a Susana Muhamad como ministra de Ambiente, además de Iván Velásquez en la cartera de Defensa, todos tendrán que ver con esta discusión que pone en el centro el respeto por los derechos humanos.
Silvia Gómez, directora ejecutiva de la Fundación Gaia Amazonas, aclaró que de cara a la realidad que vive el país y ese es el de la reactivación económica tras la pandemia, era preciso recordar que el “gobierno de Duque estaba muy enfocado en la recuperación empresarial pero no tuvo en cuenta la importancia y le envergadura de la diversidad cultural en el país”, refiriéndose a que, por ejemplo, “la Amazonía no es solo un bosque con inmensos servicios ecosistémicos sino que está habitando por más de 280 grupos indígenas que llevan mucho tiempo haciendo valer el reconocimiento como autoridades indígenas”, que son “son autoridad político administrativa” y que son ellos los llamados a “aportarle al país en cuanto a la defensa del territorio frente a la expansión de empresas extractivistas y a la protección de su territorio”.
En otras palabras y con un ejemplo claro, habló del necesario trabajo en equipo que debería hacer el gobierno nacional junto con las comunidades indígenas para tratar de reducir todos los posibles conflictos venideros a la hora de entregar licencias a empresas que operen en dichos territorios: “Acá hay un caso muy interesante en la cuenca del río Apaporis que es como toda la estrategia de defensa de la autoridades tradicionales el momento en que una empresa canadiense como Cosigo llega a hacer extracción de oro en su territorio sagrado, ancestral, que ya era resguardo y que era impensable volverlo una mina a cielo abierto. Las autoridades hacen uso de su proceso ancestral de ordenamiento territorial, de toma de decisiones, de gobierno tradicional, pero también de gobierno nacional, y deciden hacer un parque nacional y ahí hay un ejemplo de un diálogo muy interesante entre el gobierno por el lado de Parques Nacionales y entre gobiernos indígenas como entidad territorial en camino. Y ahí se hizo un régimen especial en donde se tienen en cuenta conocimientos tradicionales del territorio y las disposiciones para generar un parque. El caso de Cosigo ha sido una puerta de entrada para entender la importancia que tienen estos pueblos locales en la toma de decisiones y que esto puede ser un ejemplo para otras comunidades como las afrocolombianas”.
Y tras conocer casos como este, ¿qué lineamiento debería seguir el país para no solo evitar los conflictos sino para lograr que no se violen los Derechos Humanos de cara al gobierno Petro? Gómez cree que “la diversidad, finalmente, se dice que va a hacer parte de la agenda, que la protección territorial debe ir de la mano de la protección de quienes la han habitado, que el gobierno está dispuesto a hacer las adecuaciones institucionales para poder reconocer estos gobiernos (indígenas) y que los conocimientos tradicionales deben estar involucrados en los planes para la protección de los derechos humanos frente a empresas”. Recalcó, justo ahora, que “es importante entender que el desarrollo de las empresas después de la pandemia es muy importante, pero eso no puede ir en detrimento tampoco de la protección de los derechos de los cuidadores o de los administradores de estos territorios”, y que debe ser “una prioridad garantizar sus derechos y sus vidas”.
Desde la representatividad de la sociedad civil, Laura Montaño, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad, se recordó que en el Foro de Derechos Humanos “se trató el tema del tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos”, y explicó que esa es “la línea fuerte apoyada por sociedad civil nacional a internacional en varias ocasiones”, pero criticó el accionar de Colombia porque “como Estado no tiene una participación muy activa, digamos que no hace parte de una agenda internacional desde la Cancillería, por ejemplo”, cuando, aclaró Montaño, “es una línea con potencial grande de fortalecerse, se está dejando de lado o no ha tenido un foco muy grande”.
La investigadora, quien hace parte un equipo que viaja constantemente a terreno para verificar la situación de las comunidades, también recalcó que “sobre los Planes Nacional de Acción, que ya existen, en este gobierno se tiene una postura de reactivación empresarial y en el pasado, en el gobierno Santos, también una postura altamente empresarial y baja en derechos humanos, era muy desde la actividad puntual de la empresa”. Por eso recalcó la necesidad de elevar la discusión, porque “esta ha sido una política con muy baja participación de la sociedad civil, no ha tenido en cuenta toda esta diversidad (de pueblos y culturas) de la que estamos hablando y no tiene una estructuración como política pública en sí, no se ha evaluado su eficacia en implementación, no cuentan con indicadores reales ni con acciones ni metas anuales a las cuales llegar, y son planes que duran de dos a tres años antes de que se renuevan”.
Un llamado de atención que se suma es que, explicaron los invitados a esta charla, es que todos estos planes son “voluntarios”. Eso quiere decir que esa regulación se ha mantenido siempre desde el estándar voluntario y lo único que suena alrededor como algo vinculante es el tratado. Y que, en línea con tendencias internacionales, se contemplen “las leyes de debida diligencia empresarial”. Por eso es que “una de las principales apuestas desde sociedad civil es trasladar estas leyes a un contexto vinculante, porque ya lo voluntario, que ha existido desde hace 10 años, se ha mostrado ineficiente, ayuda a elevar el debate, pero no a prevenir la violación de los derechos humanos”.
Entonces, ¿qué debería hacer el país en estos momentos de cambio, que fue la promesa por la que ganó el nuevo presidente de Colombia? Montaño lo resume así: “Lo primero sería una diversidad de posibilidades como la ratificación del acuerdo de Escazú, la participación activa frente al tratado vinculante de empresas y derechos humanos, una política pública real y consolidada del Plan Nacional de Acción; una ley de debida diligencia con enfoque en la responsabilidad corporativa para garantizar resultados reales en este tipo de leyes y una autonomía en las evaluaciones, intentar separar la valuación del impacto social, ambiental, etc, de la misma actividad empresarial, y empezar a buscar terceros, donde entra muy fuerte el rol de la academia, que puedan evaluar de manera más objetiva este tipo de conflictos o dinámicas alrededor de la actividad empresarial para evitar la mayor cantidad de conflictos en torno a industrias con alta conflictividad”.
Y desde la legislación, ¿cuál es la mirada? El senador Juan Carlos Lozada, teniendo en cuenta los anuncios que ha hecho el gobierno entrante, dice que “el tema de los baldíos en Colombia es una fuente de violación de Derechos Humanos enorme, de desplazamiento, de asesinatos, de acaparamiento de tierra; el tema del ordenamiento territorial es por donde arrancaría y por la reforma agraria, que tenga que frenar la expansión de la frontera agrícola y por lo tanto defender ecosistemas y al mismo tiempo ser justa con las comunidades. Volver productiva la tierra que hoy existe como lo planteó la ministra López: 42 millones de hectáreas de hato ganadero en Colombia para tener una vaca por cada cinco hectáreas es inefable, inexplicable, injustificable, ese montón de tierra productiva tiene que servir para solucionar conflictos socioambientales. Si la agenda legislativo tuviera que arrancar por algún lado, debería ser por cumplir el punto 1 del Acuerdo de La Habana, por hacer una reforma rural, ordenar el territorio, que es la mayor fuente de conflictos socioambientales en Colombia”.
Lozada recordó que “Colombia, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, ha hecho un esfuerzo por tener una política pública que regule a las empresas en temas de derechos humanos, el enfoque ha sido siempre beneficioso para las empresas porque proponen de alguna manera acelerar el proceso industrial y no tanto en ser garantistas con los derechos de las comunidades y de los colombianos, y eso ha redundado en que Colombia sea uno de los países con mayor número de conflictos socioambientales del planeta entero. Cuando uno ve lo que ha pasado en La Guajira, la catástrofe que ha tenido que vivir el pueblo Wayuú, o cuando uno ve los asesinatos asociados a la defensa de la tierra y del medio ambiente y ver que Colombia es el primer país donde más matan a líderes y lideresas defensoras de la tierra según las cifras de Global Witness, y uno ve que esa concentración en este país está dado en zonas donde los conflictos ambientales derivan en asesinatos, como en el Cauca, en Catatumbo, en la región Amazónica, al Meta, Guaviare, Guainía, Caquetá, el norte del parque Chiribiquete, uno ve que en este país tiene que haber una mayor regulación en lo que tiene que ver con los Derechos Humanos y las empresas en el país”.
La Consejería de DDHH y Asuntos Internacionales por medio de su consejero, Jefferson Mena Sánchez, aseguró el pasado 8 de junio de 2022 que desde el área de “empresa y Derechos Humanos nos hemos reunido con gremios y empresas reforzando la conducta mpresarial responsable, capacitando y asistiendo técnicamente a gobernaciones, cámaras de comercio y creando estrategias para promover una agenda de empresas y derechos humanos desde el territorio con los diferentes actores”. Y advirtió que han recorrido “más de 13 departamentos, más de 26 municipios auticulándonos con gobernadores y alcaldes siempre buscando el bienestar de la población”. Recordó, en un video de corte de cuentas, que Colombia fue escogido como sede del Foro egional sobre empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe gracias al liderazgo de las políticas adoptadas. Colombia se ha convertido en un referente importante a nivel internacional en este tema que cada vez cobra mayor importancia”. Y, además, recalcó: “Por primera vez Colombia hace parte del Comité directivo de los principios voluntarios, una instancia que cada vez toma mayor importancia a nivel internacional garantizando así que todas las empresas que lleguen a este país, lleguen garantizando y respetando el respeto por los Derechos Humanos para la comunidad, pero también para las personas que allí laboren, un paso importante en garantía de derechos para nuestro país”.
Precisamente el hoy presidente electo, Gustavo Petro, se había referido en términos generales a la protección de los derechos humanos y el pasado 21 de julio de 2021 escribió en su cuenta de Twitter: “Derechos humanos significa dignidad humana. Es el resultado máximo de la civilización. Cuando un gobierno viola los derechos humanos se coloca al nivel de la barbarie, rompe la esencia de la humanidad Nos comprometemos con el respeto a fondo de la dignidad humana en Colombia”. Así que, con el compromiso claro de quien liderará al país desde la Casa de Nariño, se esperan cambios en los próximos cuatro años en Colombia, con hoja de ruta que la sociedad civil puede seguir y que más que promesas, se pase a los hechos, pues se trata de la protección, en el estado más claro, de la vida de las personas.
*Este texto hace parte de una alianza editorial desarrollada entre Ambiente y Sociedad y El Espectador.
