Asociación Ambiente y Sociedad

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  • El Congreso debe responder al compromiso del Gobierno Nacional y aprobar la ratificación del Acuerdo de Escazú

    El Congreso debe responder al compromiso del Gobierno Nacional y aprobar la ratificación del Acuerdo de Escazú

    • Mañana, a las 8:00 a.m., está citada la votación del proyecto de Ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú. Congresistas de la Comisión Segunda del Senado exigieron convocar la votación por estatuto de oposición.
    • Con su aprobación en el primero de cuatro debates, los congresistas demostrarían su interés con la justicia ambiental del país y la protección de los defensores de la naturaleza.
    • La votación se da justo después de la COP 1 para los países miembro y signatarios del Acuerdo de Escazú, realizada en Chile y en la que se lograron importantes avances.

    Bogotá, 25 de abril de 2022. Después de que el Acuerdo de Escazú quedara archivado en la pasada legislatura y a pocos meses de que termine la actual, el Senado votará el proyecto de ley que busca iniciar el trámite de ratificación este martes 26 de abril. La votación, convocada por algunos senadores de la Comisión Segunda del Senado, ocurre más de dos años después de la firma del Acuerdo por parte del Gobierno Nacional.

    Para la Alianza por el Acuerdo de Escazú, el Congreso tiene una nueva oportunidad para demostrar su real compromiso con el Acuerdo, con la justicia ambiental y con la protección de los defensores de los territorios. Esperamos que la votación a favor sea mayoritaria y que Colombia pueda entrar pronto a la lista de países de la región comprometidos con el Acuerdo.

    De acuerdo con Mauricio Cabrera, asesor para Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, “en momentos en los que es evidente la ausencia de una verdadera justicia ambiental en el país, no se puede postergar más la ratificación del Acuerdo, que si bien se ha anunciado en varias oportunidades por parte del Gobierno Nacional en escenarios internacionales, no se ha materializado hasta el momento”.

    Un momento relevante para el Acuerdo

    La votación se dará justo después de la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, realizada la semana pasada en Santiago de Chile en la sede de la CEPAL, en donde delegados de varios países de América Latina y el Caribe se reunieron para debatir los contenidos previstos por el Acuerdo regional. Durante la COP se discutieron y aprobaron las reglas para el seguimiento del Acuerdo y aunque la participación del público fue objeto de debate en este escenario, la decisión de los países fue mantener las condiciones y el rol determinante de la ciudadanía en el marco de la negociación e implementación del Acuerdo.

    Durante la COP se lograron importantes avances como la creación de un grupo de trabajo para el Acuerdo de Escazú, sobre mecanismos y medidas de protección respecto a la situación de riesgo que viven los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales con especial énfasis en pueblos indígenas, comunidades locales y en condición de vulnerabilidad.

    De acuerdo con Lina Muñoz, directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, “la implementación del Acuerdo de Escazú empezó con pie derecho. Hay un fuerte compromiso de la región por lograr estándares robustos sobre democracia ambiental y además, la cooperación internacional y los organismos financieros han manifestado su apoyo económico para lograr los objetivos del tratado regional”.

    Además, en los espacios paralelos de la COP, se discutió la extrema importancia de ratificar Escazú en Colombia, ya que es el país más peligroso del mundo para la defensa del ambiente, con un total de 65 defensores de derechos humanos en asuntos ambientales asesinados en 2020, según el último reporte sobre este tema del Global Witness.

    De acuerdo con Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, “Al aprobarse en la COP las reglas de procedimiento, un comité de expertos para monitorear el cumplimiento del Acuerdo y el nuevo grupo sobre defensores, se demuestra la importancia de la ratificación por parte de Colombia. Como país debemos ser parte de las medidas inmediatas para la protección de quienes luchan a diario por la protección del ambiente, no podemos darle la espalda a la democracia ambiental”.

    Mientras los países avanzan en la puesta en marcha del Acuerdo, es momento de que Colombia se ponga al día con su ratificación. En palabras de Mauricio Madrigal, profesor y director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, “La ratificación y posterior implementación del Acuerdo de Escazú le permitiría a nuestro país contar con más garantías para la prevención y transformación de los conflictos ambientales; en Colombia, más que un asunto de voluntad política, esto es una obligación estatal. El no reconocimiento de los derechos de las personas defensoras del ambiente en un país como Colombia es una forma de violencia estatal”.

    Así ha sido el trámite del Acuerdo de Escazú en Colombia
    • El Gobierno Nacional ha radicado este proyecto de ley ante el Congreso de la República dos veces. La primera, el 20 de julio de 2020 con mensaje de urgencia, pero terminó archivado entre debates y oposición por parte de varios sectores.
    • El 29 octubre de 2021 fue radicado por segunda vez, en esta oportunidad sin mensaje de urgencia, escenario en el cual inició su trámite con la radicación de la ponencia positiva el pasado mes de febrero y con la convocatoria a votación para el día de mañana 26 de abril de 2022 a las 8:00 a.m. en la Comisión Segunda del Senado.
    • En caso de que el proyecto de ley sea aprobado por los senadores de esta Comisión, el trámite continuará en la Plenaria del Senado de la República que podría votar en esta legislatura. Para lograrlo se requiere la mayoría simple y el quórum de los senadores que estaría asegurado por las reglas del Estatuto de la Oposición. 
    Sobre el Acuerdo de Escazú

    El Acuerdo de Escazú busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía tres derechos fundamentales: el acceso a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables; la participación ciudadana, que debe ser abierta, inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud, y el acceso a la justicia en materia ambiental frente a hechos que afecten al ambiente y los derechos humanos. Adicionalmente, el Acuerdo incluye por primera vez medidas concretas para la protección y defensa de los defensores y las defensoras ambientales.

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  • La tercera jornada de la COP1 del acuerdo de Escazú coincide con la conmemoración del Día de la Tierra

    La tercera jornada de la COP1 del acuerdo de Escazú coincide con la conmemoración del Día de la Tierra

    Por Karen Pinto Garzón

    • Desde el miércoles 20 de abril hasta hoy se está celebrando la Primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú en formato Híbrido, en la sede de la CEPAL, Santiago de Chile.
    • En los eventos paralelos oficiales se están llevando a cabo discusiones y aportes importantes, incluyendo el de esta mañana: “En Colombia, el país más peligroso para la defensa del ambiente, no se ha ratificado el Acuerdo de Escazú”, organizado por la ONG Ambiente y Sociedad.

    Hoy es un Día de la Tierra histórico. Al tiempo que se celebra a la madre tierra, también se desarrolla la última jornada de la Primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú, que se está realizando en formato híbrido desde el miércoles 20 de abril hasta hoy, en la sede de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en Santiago de Chile. 

    La COP1 es el principal órgano de decisión del Acuerdo de Escazú, el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Por lo que, según Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, desarrollar por todo lo alto esta primera Conferencia y avanzar con el Acuerdo es un logro importantísimo para la región, aunque no ha sido nada fácil: “Llegar hasta aquí costó mucho, pero llegamos”.

    La CEPAL y 24 países de la región han firmado el Acuerdo desde 2018; sin embargo, 12 siguen sin ratificarlo, entre ellos Colombia. Por eso, Bárcena ha sido enfática en su intervención de esta mañana, invitando a los países de la región a que se unan a este proceso histórico: “A todos los países que no han firmado ni ratificado, por favor súmense”, enfatizó Bárcena, afirmando además que “es una plataforma de cooperación, y una oportunidad para integrarnos como región. Con este Acuerdo se pueden prevenir los conflictos socioambientales”.

    Altos cargos de Gobierno de distintos países, diversas organizaciones, y representantes electos del público han asistido a la COP1 durante los tres días de su desarrollo. Entre ellos el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien hizo un llamado de unión y mencionó su total apoyo para la ratificación del Acuerdo en Chile. “O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado, y yo creo que el Acuerdo de Escazú apunta a la idea de salvarnos juntos, de trabajar juntos”, dijo el mandatario.

    Durante la jornada de hoy, los participantes crearon un grupo de trabajo para el Acuerdo de Escazú, el cual cumplirá el rol de crear mecanismos y medidas de protección respecto a la situación de riesgo que viven los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales con especial énfasis en pueblos indígenas, comunidades locales y comunidades en condición de vulnerabilidad. En este espacio se garantiza la participación del público. 

    Por todos los logros que se han conseguido en esta COP1, la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), Inger Andersen, mencionó que “hoy es un momento histórico para América Latina y el Caribe, y resaltó que “la COP1 de Escazú marca un cambio radical en el abordaje de la triple crisis planetaria: del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y de la contaminación y residuos”.

    Apoyo de la OCDE

    Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también expresó su respaldo al Acuerdo de Escazú, «Desde la OCDE consideramos que la ratificación y efectiva implementación del Acuerdo proporcionará un marco de políticas públicas propicio para el desarrollo sostenible, el conducto empresarial y la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en la región», mencionó Germán Zamara, Analista de Políticas y punto focal para América Latina y el Caribe del Centro.

    Aunque Colombia hace parte de la OCDE, y el Gobierno dice apoyar el Acuerdo, no ha actuado de forma efectiva para ratificarlo. Ignora la posición favorable que ha venido expresando la OCDE, la cual ayuda a esclarecer uno de los principales mitos del tratado: la abstención del sector privado e inversión extranjera para que se logre su ratificación. Por lo que la presencia en la COP1 del actual embajador de Colombia en Chile, Guillermo Botero, no será significativa sin acciones concretas y efectivas del Estado. 

    Durante las jornadas se han llevado a cabo varias negociaciones sobre tres ejes principales: i) las reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes, incluidas las modalidades para la participación significativa del público; ii) las disposiciones financieras que sean necesarias para el funcionamiento e implementación del Acuerdo, y iii) las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. 

    Pero las negociaciones no han sido color de rosa. Hubo altibajos. A pesar de que el Secretariado de la CEPAL y las Partes tuvieron dos años para discutir sobre los borradores de decisión respecto a los tres ejes mencionados, los representantes de Bolivia llevaron nuevas propuestas, que fueron rechazadas por varios actores, ya que buscaban, entre otras cosas, excluir a los representantes del público de la Mesa Directiva para que estuviera conformada exclusivamente por actores gubernamentales, pese a que el Gobierno boliviano manifestó su respaldo a una participación significativa de la sociedad civil.

    No obstante, gracias a la gestión del Secretariado Ejecutivo de la CEPAL, Mario Cimoli,  las Partes y la presión de la sociedad civil, pueblos indígenas, comunidades locales de manera virtual y presencial, se aprobaron las reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes, incluidas las modalidades para la participación significativa del público. 

    Finalmente la jornada cerró con la aprobación de la propuesta de declaración política presentada por las Partes, en la que se resalta el llamado a los países signatarios a ratificar el Acuerdo. 

    Desde Colombia

    Las discusiones y aportes importantes también se han tratado en los eventos oficiales paralelos de la COP1. Hoy en la mañana se realizó uno de los más importantes para los colombianos: “En Colombia, el país más peligroso para la defensa del ambiente, no se ha ratificado el Acuerdo de Escazú”, organizado por la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) y contó con la participaron de Natalia Gómez en representación del Earth Rights Institute, como moderadora, y como panelistas la a la subdirectora de AAS, Vanesa Torres; Laura Serna, Champion Escazú 2020-2022; Mauricio Madrigal de MASP-Universidad de los Andes y Camilo Prieto del Movimiento Ambientalista Colombiano.

    En este evento se discutió la extrema importancia de ratificar Escazú en Colombia, ya que es el país más peligroso del mundo para la defensa del ambiente, con un total de 65 defensores de derechos humanos en asuntos ambientales asesinados en 2020, según el último reporte sobre este tema del  Global Witness. 

    En general, los panelistas, señalaron la importancia de que exista transparencia y acceso a la información por parte del Gobierno y las entidades privadas cuando se discuten proyectos que tienen numerosos impactos negativos socioambientales. Y mencionaron, entre otras cosas, que el Acuerdo de Escazú ha tenido grandes avances positivos en Colombia: confían en que el Acuerdo sea ratificado por el próximo Gobierno que está a punto de ser elegido.

    Por su parte, Vanesa Torres dijo que esos avances positivos de Escazú han sido gracias a la sociedad civil e hizo un llamado para continuar impulsando, difundiendo y respaldando el Acuerdo. Si todo sale bien, y el próximo Gobierno lo ratifica, “deberá haber una veeduría y monitoreo ciudadano. Porque una norma sin acompañamiento ciudadano se queda en el papel».

    Queda un largo camino para celebrar de forma plena el día de la tierra y todavía mucho por lo qué luchar en Colombia, tomando en cuenta las alarmantes cifras ambientales y de vulneración a derechos humanos. Pero hoy se puede decir que la sociedad civil de América Latina, varios movimientos y ONG, como Ambiente y Sociedad, han dado un paso más en su camino por construir una región y un país más justo en términos socioambientales.

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  • La Asociación Ambiente y Sociedad participa en el Foro de Políticas de la Sociedad Civil del Banco Mundial

    La Asociación Ambiente y Sociedad participa en el Foro de Políticas de la Sociedad Civil del Banco Mundial

    Por Equipo de comunicación

    • La ONG denuncia que no hay mayor diferencia con el nuevo enfoque de desarrollo verde, resiliente e inclusivo (GRID, por sus siglas en inglés) del Banco, ya que continúa con prácticas previas, que suponen varios impactos sociales y ambientales negativos.
    • Además, señala la falta de transparencia y acceso a la información por parte de las entidades financieras durante la ejecución de megaproyectos que afectan a las comunidades.

    En el marco de las Las Reuniones Anuales y de Primavera de 2022 del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se llevarán a cabo entre el lunes 18 y el domingo 24 de abril, se está desarrollando el Foro de Políticas la Sociedad Civil, promovido por el mismo Banco como un espacio para la participación de organizaciones de la sociedad civil. 

    En dicho Foro, que empezó el 4 de abril y se desarrollará hasta el 15 del mismo mes, están participando importantes ONGs y organizaciones del mundo, cubriendo todos los continentes. En el caso de América Latina, una de las exponentes es la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), que ha participado hoy en el panel que investiga el nuevo enfoque de desarrollo verde, resiliente e inclusivo (GRID, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y su impacto en la provisión de infraestructura sostenible. 

    Específicamente, a través de ese panel, se ha buscado contribuir a una discusión urgente sobre la naturaleza y los remedios para la brecha de infraestructura identificada por los países de medianos y bajos ingresos, la ONU y el Banco Mundial. Y han participado Laura Montaño, investigadora de la AAS; Flora Sonkin, como moderadora, oficial de Investigación de Políticas de la Sociedad para el Desarrollo Internacional; Jiten Yumnam, secretario del Centro de Investigación y Defensa – Manipur, India; y Vivien Foster, economista Jefe del Grupo de Práctica de Infraestructura del Banco Mundial.

    Laura Montaño ha mencionado en el panel que no se ve una mayor diferencia con el nuevo enfoque GRID del Banco, ya que se sigue implementando el modelo de Asociación Público Privada (APP) para la ejecución de diversos proyectos, el mismo que ya ha generado varios impactos sociales y ambientales negativos durante mucho tiempo. 

    “Desde hace años, 2012 en el caso de Colombia, se utilizan las APP para desarrollar megaproyectos de infraestructura y desde entonces se han hecho múltiples análisis de los impactos negativos y los conflictos que pueden surgir de este modelo. En distintas ocasiones se ha visto la alta probabilidad de concentrar todos los proyectos en pequeños grupos empresariales que terminan creando una interdependencia entre los proyectos que dependen de la estabilidad los unos de los otros”, menciona Montaño.

    La experta, asimismo, señala la importancia de que las entidades financieras brinden transparencia y acceso a la información sobre los megaproyectos, y sus impactos sociales y ambientales, que respaldan las entidades financieras como el Banco Mundial. Destacando la importancia de que incluyan a las comunidades afectadas para generar consensos e impulsar proyectos que realmente impulsen el desarrollo sostenible, sin perjudicar el “buen vivir” de las comunidades afectadas por dichos proyectos.

    En ese sentido, no se ha visto “un aumento en la participación o inclusión de las comunidades o los grupos de interés en los procesos de estructuración de los megaproyectos. Se continúa desconociendo el rol que pueden cumplir estos actores en la construcción de proyectos inclusivos y se olvidan las concertaciones o la garantía de derechos”.

    Frente a las demandas de Montaño, la representante del Banco Mundial, Vivien Foster, ha reconocido que es importante la transparencia e inclusión y menciona que hay que brindar “oportunidades económicas para las comunidades locales”. Sin embargo, según la investigadora de la AAS, los esfuerzos del Banco terminan siendo insuficientes. Un ejemplo es el Marco Ambiental y Social renovado de la entidad, ya que en el caso de Colombia, llega el financiamiento para megaproyectos de infraestructura a frente a los cuales no se aplican las salvaguardas ambientales y sociales. 

    En definitiva, en este panel, se ha dejado claro que el Banco debería descontinuar “modelos que ya se han evidenciado insuficientes para la consolidación de megaproyectos de infraestructura realmente sostenibles e inclusivos”, y se ha manifestado la necesidad de incluir a los actores centrales, como las comunidades y organizaciones, en todo el proceso: desde la planificación y la consulta previa, pasando por el desarrollo de los proyectos, hasta su propia ejecución.

  • Organizaciones sociales denuncian ante el BID la falta de espacios de participación y diálogos efectivos

    Organizaciones sociales denuncian ante el BID la falta de espacios de participación y diálogos efectivos

    29 de marzo de 2022

    Por Karen Pinto

    • Ambientalistas, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, campesinos, pescadores artesanales y firmantes de paz envían una contundente denuncia al BID, en el marco de su Reunión Anual 2022 que se desarrollará del 28 de marzo al 1 de abril.
    • Exigen a las instituciones financieras internacionales que transformen sus valoraciones sobre lo que es el desarrollo y las vías para lograrlo, teniendo en cuenta el enfoque territorial, étnico y de género que garantiza el goce efectivo de derechos y la protección ambiental.

     

    Más de 20 organizaciones de la sociedad civil colombianas hacen un fuerte llamado de atención al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de una declaración, denuncian su exclusión en la Reunión Anual 2022 del BID, que se desarrollará de forma virtual del 28 de marzo al 1 de abril con sede en Washington D.C. Y exigen un cambio en el modelo de desarrollo promovido por el banco, ya que, según se menciona, ha causado la vulneración de derechos humanos y múltiples impactos ambientales y sociales negativos en diferentes territorios del país.

    El BID es la principal fuente de financiamiento de América Latina y el Caribe, y en sus reuniones anuales se tratan temas relevantes sobre el desarrollo de la región. Por ello, a las organizaciones que se pronuncian les parece inaceptable que la entidad excluya del proceso de toma de decisiones a las comunidades afectadas, directa o indirectamente, por los proyectos que respalda.

    Solo en Colombia, el Grupo BID aprobó un monto de más de 2.287 millones de dólares en préstamos para apoyar, de 2019 a 2022, diferentes iniciativas de transporte, energía o comercio, entre otros. Convirtiéndose en el tercer país de la región que ha recibido mayor financiamiento a lo largo de su historia. Pero también es una de las naciones con más conflictos socio ambientales del mundo, contando con al menos 163 casos, según los últimos datos del Atlas de Justicia Ambiental.

    En ese sentido, las organizaciones y comunidades colombianas -Pueblos Indígenas, Pueblos Indígenas en  Aislamiento  Voluntario  y Contacto  Inicial, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero (NARP), el sector pesquero artesanal y los firmantes de paz-, se unen para exigir al BID y a otras instituciones financiares que transformen sus valoraciones sobre lo que es el desarrollo y las vías para lograrlo, teniendo en cuenta el enfoque territorial, étnico y de género que garantiza el goce efectivo de derechos y la protección ambiental.

    Exigencias

    Entre las denuncias, también destaca la falta de acceso a la información sobre los proyectos, ya que sin esta las comunidades no pueden estar al tanto y actuar a tiempo. “Para nosotros es muy importante conocer previamente la implementación de las iniciativas del BID para identificar cuáles son los riesgos a los que estaremos expuestos cuando estén ejecutando ciertas iniciativas dentro de nuestros territorios. Así podríamos adelantar acciones para que se reconozcan nuestros derechos, menciona Carlos López, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP).

    Precisamente, en el municipio de Putumayo se adelanta la construcción de la Vía San Francisco-Mocoa, financiada por el BID, que, según Elvira Josa, lideresa indígena de la Asociación de pensamientos ancestrales ‘Oh Corey’, presenta muchas dificultades porque el proceso carece de la participación efectiva de los pueblos indígenas. Tomando en cuenta que se desarrolla en un territorio ancestral, “se deberían proponer iniciativas conjuntas para no afectar la vida y los recursos naturales”.

    Otro de los proyectos respaldado por el BID es la Alianza Público Privada (APP) para el río Magdalena, que busca garantizar la navegabilidad por el río a lo largo de 668 km, desde Barrancabermeja, Santander, hasta Bocas de Ceniza, Barranquilla, consolidándose como una ruta para el transporte de carga, de acuerdo con el Ministerio de Transporte. No obstante, de este proyecto se derivan diferentes afectaciones para los pueblos aledaños.

    “Sabemos que la APP para el río Magdalena nos causará problemas ambientales y sociales. Para nosotros el río es un ser vivo. Perjudicarán al ecosistema, a nuestra cultura y a nuestro sustento de vida, que es la pesca artesanal”, asegura Libia Arciniegas, lideresa la Federación De Pescadores Artesanales Y Ambientalistas del departamento Del Cesar. El mayor problema, indica, es que desconocen qué se hará realmente con el proyecto, cuáles serán las consecuencias y qué pasará con ellos y sus trabajos a corto y largo plazo.

    Otras problemáticas

    Por su parte, Milton Caicedo, coordinador de relaciones internacionales de el Proceso de Comunidades Negras (PCN), menciona que la Terminal de contenedores de Buenaventura TcBuen S.A., que fue financiada por la Corporación Financiera Internacional, el brazo que apoya al sector privado del Banco Mundial, “ha afectado la cotidianidad  de  la  comunidad”.  “El  Estado  colombiano  otorgó  la  licencia  para  su construcción sin el debido proceso de consulta previa, omitiendo que ahí habitan víctimas del conflicto armado desde hace muchos años”.

    Además, Caicedo señala que «se les prohíbe a las personas acercarse al puerto y los pescadores tienen problemas para obtener su alimentación, y empezaron a escasear distintas especies marinas”. Por esas razones han realizado varias investigaciones y audiencias, no para eliminar el proyecto, sino para que garanticen los derechos ambientales, territoriales, sociales y económicos a la comunidad del sector.

    En definitiva, en esta declaración, que ya fue enviada previamente al BID, se solicita generar e implementar normas, políticas y acciones vinculantes que estén alineadas con los acuerdos internacionales de derechos humanos, y los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, campesinos y pescadores artesanales. Así como también que se fortalezca la debida diligencia en todo el ciclo del proyecto del Banco y que se reconozca la responsabilidad frente a los daños sociales y ambientales generados por los proyectos implementados en el país.

    “Consideramos que es fundamental la participación de la ciudadanía en espacios de toma de decisión. Teniendo en cuenta que el BID enmarca su objetivo institucional en alcanzar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, es importante recordar que un desarrollo sin la participación ciudadana no puede ser sostenible, más aún cuando hay actores de la sociedad que están siendo afectados directamente por los proyectos que financia el Banco”, menciona Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, una de las organizaciones de la sociedad civil firmante de la declaración, que ha monitoreado por más de 10 años el rol del BID en Colombia. clic aquí para leer la declaración.

     

  • Organizaciones sociales se pronuncian contra el Banco Interamericano de Desarrollo

    Organizaciones sociales se pronuncian contra el Banco Interamericano de Desarrollo

    18 y 19 de marzo de 2022, Bogotá, D.C.

    El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) constituye la principal fuente de financiamiento de América Latina y el Caribe y es una institución clave en la formulación e implementación de reformas estructurales en los Estados de la región, con la promesa de promover el desarrollo y reducir la pobreza de nuestros países. En el caso de Colombia, según los datos del propio banco, es el tercer país de la región que ha recibido mayor financiamiento a lo largo de su historia. Sin embargo, tras más de 60 años de existencia del banco, es necesario evaluar y preguntarse ¿Cuál ha sido el desarrollo prometido y qué tan beneficioso ha sido para las comunidades?

    Este año, las Reuniones Anuales del BID y del BID Invest (el brazo del banco que financia al sector privado) se realizarán en Washington D. C. entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2022. Las reuniones son un escenario donde se reúnen líderes económicos y financieros de los 48 países miembros del BID para conversar sobre los desafíos y las oportunidades del desarrollo en América Latina y el Caribe. El evento se realizará principalmente en formato virtual sin ningún espacio para la participación de las organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y pueblos afectados por los proyectos financiados por el banco.

    Es por ello, que las organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, Pueblos Indígenas, Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero (NARP), sector pesquero artesanal y firmantes de paz, creemos necesario replantear el rol de estas instituciones en el actual contexto de crisis socio ecológica y tras la pandemia de Covid-19. Reiteramos la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo promovido por el Banco, que ha causado vulneración de derechos humanos, impactos negativos sociales y ambientales como desplazamiento, asesinato de líderes, desarraigo, afectaciones a las formas de vida y ancestralidad, contaminación de fuentes hidricas, el aire y la tierra, extinción de especies  a partir del desarrollo de políticas y proyectos.

    Adicionalmente, destacamos las debilidades existentes en cuanto al acceso a la información sobre los proyectos y los procesos de consulta pública, consentimiento previo, libre e informado, participación y rendición de cuentas. Las actuaciones de estas instituciones afectan a la mayoría de la población y las comunidades que se encuentran alejadas de las instancias de decisión.

    En este orden de ideas, las organizaciones firmantes manifestamos que:

    Primero, denunciamos la falta de espacios de participación y diálogos efectivos en el marco de las Reuniones Anuales que se realizarán del 28 de marzo al 1 de abril en Washington D. C. Históricamente hemos sido parte excluida de este y otros procesos del Banco, siendo los principales perjudicados por el modelo del desarrollo financiado por el BID.

    Segundo, solicitamos al BID generar e implementar normas, políticas y acciones vinculantes que estén alineadas con los acuerdos internacionales de derechos humanos, principios rectores de empresas y derechos humanos, los derechos laborales, los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, campesinos, pescadores artesanales, con enfoque de género, el cambio climático y la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y el ambiente.

    Tercero, solicitamos que se fortalezca la debida diligencia en todo el ciclo del proyecto del Banco y que se reconozca la responsabilidad frente a los daños sociales y ambientales generados por los proyectos implementados en el país. Conforme a esto, que haya un compromiso en atender, reparar y garantizar que no vuelvan a repetirse los impactos negativos generados por los proyectos financiados por la Institución y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

    Cuarto, solicitamos garantías para acceder a la información y transparencia frente a los proyectos que financia el BID, en particular en agendas claves como el financiamiento climático, la implementación del Acuerdo Final de Paz, la “bioeconomía” y la “infraestructura verde”.

    Finalmente, insistimos en la necesidad de que las instituciones financieras como el BID transformen sus valoraciones sobre lo que es el desarrollo y las vías para lograrlo, teniendo en cuenta el enfoque territorial, étnico y de género que garantiza el goce efectivo de derechos y la protección ambiental.

    La institución ha participado en la planificación de las políticas y programas nacionales de desarrollo, financiamiento de proyectos, el financiamiento climático, la implementación de los acuerdos de paz, proyectos de reforma rural y territorial, desarrollo de instrumentos y mecanismos de apoyo técnico, definición de objetivos, políticas y estrategias sectoriales.

    Proyectos climáticos, extractivos, de infraestructura, energía, agroindustria, transporte y otros.

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  • ZRF: bienvenida sísmica y minería. Campesinos en veremos

    ZRF: bienvenida sísmica y minería. Campesinos en veremos

    Autor: Edwin Novoa – Investigador en Ambiente y Sociedad

    La nueva Resolución 110 de 2022 ha dado un peso mayor a la exploración minera y a la sísmica que, a la titulación de tierras en Zonas de Reserva Forestal, dejando a los campesinos que tienen expectativas sobre sus tierras en una mayor incertidumbre pues sus tierras podrían ser utilizadas por mineras o petroleras y su titulación quedaría en veremos.

    Desde su creación, las ZRF permiten que se desarrollen actividades económicas y de titulación de tierras a campesinos, siempre y cuando se adelante el trámite de sustracción, el cual permite que la autoridad ambiental controle estas actividades e imponga requisitos ambientales para garantizar la estabilidad de los bosques.

    Por razones de utilidad pública, las ZRF pueden ser sustraídas, por lo cual diversos tipos de actividades pueden ser razón suficiente parar disminuir el área de estas zonas. Sin embargo, el Congreso en diferentes momentos ha declarado que todo es de utilidad pública; tanto la protección del ambiente, como la reforma agraria, como las actividades económicas extractivas (petróleo, minería). Este punto ha sido investigado a profundidad por la AAS: Link

    El trámite estaba reglamentado por la Resolución 1526 de 2012, pero acaba de ser modificado por la Resolución 110 de 2022. El trámite inicia con una solicitud de la empresa interesada ante la autoridad ambiental competente, la cual realiza el trámite de sustracción. Para la solicitud, la empresa interesada debe cumplir diferentes requisitos, como demostrar el manejo forestal y cumplir unos términos de referencia.

    En Colombia, la sustracción de ZRF se ha dado de la siguiente forma:

    Fuente: Elaboración propia a partir de la capa de datos sobre ZRF de datosabiertos.gov.co

    La sustracción puede ser temporal, o permanente: si las actividades que se van a desarrollar se realizarán por un periodo determinado de tiempo, la sustracción debe ser temporal, pero si la naturaleza de la actividad requiere su asignación de manera definitiva, entonces la sustracción debe ser permanente. Por ejemplo, las sustracciones para minería son temporales porque se dan mientras se extrae el mineral (mientras dura el contrato, es decir, 20 o 40 años), pero las sustracciones para titulación de tierras a campesinos, son permanentes, pues los campesinos vivirán allí de por vida al igual que las siguientes generaciones.

    ¿Qué cambió con la reciente modificación?

    En términos generales el trámite sigue igual, pero se cambiaron los requisitos para algunos sectores que solicitan sustracción temporal. En la siguiente tabla se visualizan los sectores y se mencionan si hubo cambios o no:

    ¿Por qué es negativo que no haya trámite de sustracción?

    Si bien se valora positivamente que se agreguen algunas actividades nuevas como las actividades asociadas a líneas de transmisión eléctricas, si es muy preocupante que algunas actividades ya no requieran el trámite de sustracción, y que puedan adelantarse actividades sin el control de la autoridad ambiental

    Si las empresas mineras entran a ZRF sin ningún tipo de trámite, pueden entrar en conflictos socioambientales con los campesinos que habitan las ZRF, los cuales no tienen títulos formales sobre sus tierras, pero si tienen expectativas de derechos, al igual que las mineras con esta nueva resolución, por lo que se vendrán muchos conflictos.

    En estos casos que ya no se requiere el trámite, la autoridad ambiental ya no podrá establecer las condiciones para adelantar las actividades en la ZRF, sino que la empresa podrá realizar las actividades como según sus propios criterios y no podrá ser vigilada. Si una empresa no es muy responsable ambientalmente, pueden existir impactos ambientales no controlados.

    Además, esto es muy grave, por que esos dos sectores que ya no requieren trámite de sustracción, tampoco requieren trámite de licencia ambiental, por lo que la autoridad ambiental prácticamente queda con las manos atadas para ejercer control de los impactos ambientales.

    En el caso de la exploración minera, también es grave porque las ZRF además de los bosques, tienen muchos otros elementos de importante protección como la biodiversidad, los ríos o los suelos, los cuales podrían ser afectados descontroladamente, pues la nueva norma menciona que solo se requiere el trámite en caso de que se afecten los bosques.

    Finalmente, esto también es grave para los campesinos que habitan las ZRF, pues éstos tienen expectativas de que sus tierras les sean tituladas, para lo cual se requiere una sustracción con fines de reforma agraria. Esta nueva norma facilita que las empresas mineras hagan sus actividades en las ZRF, dificultando la titulación de tierras a favor de los campesinos, es decir, que se prioriza la minería sobre los derechos de los campesinos sobre sus tierras.

    ¿Además de ser inconveniente en términos ambientales y de los derechos de los campesinos, esta norma reviste de legalidad?

    Si bien la norma cuenta con la presunción de legalidad (se presume que es legal hasta que se demuestre lo contrario), si es posible argumentar algunas razones por las cuales, eventualmente el Consejo de Estado podría declararla ilegal y salir del ordenamiento jurídico.

    La Ley 2da de 1959 menciona que el objetivo de las ZRF no es solamente la existencia de bosques, sino que su artículo 1 menciona que el objetivo es mejorar la economía forestal y protección de los suelos, las aguas la vida silvestre. La nueva Resolución contraviene esto, pues menciona que, si las actividades no implican la tala de bosque, no requiere sustracción, eso quiere decir que, si se afecta el agua o el suelo, la autoridad ambiental no tiene como hacer control pues ya no requiere trámite de sustracción.

    El artículo 210 del Decreto 2811/74 menciona que “las actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la reserva”. La Resolución 110/22 contraviene este artículo pues elimina el trámite de sustracción para la exploración minera. Cabe recordar que el Decreto 2811/74 es un Decreto con fuerza de Ley, es decir, que es superior normativo que la Resolución 110/22

    La Corte Constitucional ha venido interpretando diversos derechos de la población campesina en relación con el acceso a sus tierras, mencionando que éste es un derecho de vital importancia pues permite la garantía de otros derechos conexos y en general ha definido un alcance del artículo 64 de la constitución política, el cual estaría siendo vulnerado por la Resolución 110/22.

  • Comunicado | Se acerca la implementación del Acuerdo de Escazú y Colombia sigue por fuera

    Comunicado | Se acerca la implementación del Acuerdo de Escazú y Colombia sigue por fuera

    • Delegados de varios países de América Latina y el Caribe se reunieron para exponer la importancia del tratado en el contexto de emergencia ambiental y preparar la primera Conferencia de las Partes (COP1) que se realizará en abril de 2022 en Santiago de Chile.

    Bogotá, 7 de marzo de 2022

    Representantes de varios países de América Latina y el Caribe asistieron de forma virtual el viernes 4 de marzo a la sesión preparatoria de la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (PreCOP1), en la que se avanzó sobre las propuestas de contenido frente a las temáticas que se abordarán en la COP1, donde se definirá, en gran parte, el futuro de la implementación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional sobre acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales.

    La PreCOP1 se realizó el viernes pasado en conmemoración de los cuatro años de la adopción de dicho tratado en Costa Rica, y también por la necesidad de preparar distintos temas de forma previa al 20, 21 y 22 de abril de este año, cuando se llevará a cabo la COP1 en Santiago de Chile.

    A pesar de que 24 países de la región han firmado el tratado, solo 12 lo han ratificado, entre ellos Argentina, Ecuador y México. Por su parte, Colombia no ha dado este paso y solo participa como firmante, algo que los expertos ambientalistas condenan, dada la situación de emergencia ambiental y social que se vive en el país.

    “Nos reunimos con un sentimiento de urgencia por las posibilidades que ha abierto el Acuerdo para garantizar la implementación de la democracia ambiental en la región y proteger nuestro derecho a un ambiente sano”, afirma Natalia Gómez, representante electa alterna del público en el encuentro.

    El Acuerdo de Escazú, asimismo, reconoce la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales como uno de los pilares de la democracia ambiental. Por eso, Gómez, también resalta la importancia de que Colombia ratifique el acuerdo lo antes posible: “Por segundo año consecutivo es el país donde más defensores de derechos humanos ambientales son asesinados. En la cuenca amazónica los pueblos indígenas se han declarado en emergencia constante por la creciente violencia y la inacción estatal”.

    Las cifras confirman esta cruda realidad, ya que en 2020 fueron asesinados 65 defensores ambientalistas en Colombia, y 227 a nivel mundial, por lo que es considerada una de las naciones más mortíferas para estos líderes, según el más reciente informe del Global Witness sobre este tema.

    En la COP1 se prevé avanzar sobre tres temas: (i) las reglas de procedimiento de la COP, incluyendo las modalidades de participación significativa del público; (ii) las reglas relativas a la estructura y funciones del Comité de Apoyo a la Implementación y Cumplimiento; y (iii) los arreglos financieros para la implementación y el funcionamiento del Acuerdo.

    Según Carlos de Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cuando se empezó el tratado, en el año 2012, “eran pocos los países, pocas las expectativas y muchas las dificultades, este proceso logró unir a muchas personas que creen en el #AcuerdoDeEscazú y la necesidad de implementarlo para avanzar en la región».

    El caso colombiano

    De acuerdo con el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en febrero de 2022, en Colombia se documentaron homicidios y ataques a defensores en 28 de los 32 departamentos del país. En el informe se resalta el incremento de la violencia, que afecta “severamente los liderazgos y la vida comunitaria indígena, campesina y afrodescendiente, y a las mujeres en zonas rurales”.

    Aunque Colombia firmó el Acuerdo de Escazú el 11 de diciembre de 2019 e inició su trámite en dos oportunidades en el Congreso, durante las legislaturas de 2020 a 2022, este aún no ha logrado completar el trámite para su ratificación.

    Cabe resaltar que el proyecto de ley en trámite para la aprobación del Acuerdo de Escazú se radicó por parte del Gobierno nacional el 29 de octubre de 2021 sin mensaje de urgencia, lo que hará menos expedita su tramitación frente a lo que se radicó durante el año 2020. Su exposición de motivos fue publicada el 2 de noviembre del año pasado, pero solo hasta el 17 de diciembre el proyecto de ley ingresó a Comisión Segunda de Cámara.

    Actualmente, el trámite del proyecto de ley está en manos de los Senadores Ponentes: Luis Eduardo Diezgranados Torres, Ana Paola Agudelo García, José Luis Pérez Oyuela, Feliciano Valencia Medina, Ivan Cepeda Castro y Antonio Sanguino Páez. El pasado 16 de febrero, estos tres últimos radicaron el “Informe de ponencia positiva para primer debate en el Senado de la República al Proyecto de Ley N° 251 de 2021 Senado, por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe», adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”.

    Por todo ello, se espera que el próximo 16 de marzo, cuando inicie el periodo legislativo, se convoque el debate y la votación del proyecto de ley por parte de la presidencia de la Comisión Segunda del Senado de la República. Toda vez que, de no llevarse a cabo el primer debate antes del 20 de junio, la aprobación del Acuerdo podría archivarse una vez más. Finalmente, se espera también que el país, como signatario, haga parte de las discusiones y los escenarios internacionales que avanzan en paralelo a la ratificación en la COP1.

    Mayor información:

    https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/en

    https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/es

    Link de transmisión:

    https://live.cepal.org/escazu

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  • IPCC: segundo reporte del Sexto Ciclo de Evaluación (AR6)

    IPCC: segundo reporte del Sexto Ciclo de Evaluación (AR6)

    El 28 de febrero de 2022 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático publicó el segundo reporte del Sexto Ciclo de Evaluación (AR6), a cargo del Grupo de Trabajo II : Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad.

    Este reporte contiene 18 capítulos, 7  temáticos y 7 de carácter regional.

    Este segundo reporte aborda la importancia de los diversos sistemas de conocimiento, como el científico, el conocimiento tradicional indígena y local para el entendimiento de la adaptación a la crisis climática. También hace referencia directa a que la adaptación siga los principios de la justicia climática,  distribución de cargas y beneficios, acceso a la participación en la toma de decisiones y reconocimiento a la diversidad e inclusión de perspectivas, especialmente de grupos como pueblos indígenas y comunidades locales, mujeres y jóvenes.

    Dentro de los datos más importantes está los impactos  visibles y presentes en todo el planeta. 127 tipos de riesgos se han identificado en los sectores de salud, agricultura, economía, infraestructura y ecosistemas.

    Preocupa que, con el aumento de 2ºC para 2050 personas en Africa subsahariana, Centro y Sur América, Sudeste Asiático,  Estados Insulares, entre otros, sufrirán con alta probabilidad de escasez de alimentos y malnutrición.

    La evidencia señala que poblaciones vulnerables, como pueblos indígenas, minorías étnicas, personas de bajos ingresos, sufren en mayor medida de los efectos de la mala-adaptación, esto puede exacerbar la vulnerabilidad, riesgos y desigualdades existentes.

    Leer reporte completo aquí 

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  • Reforma rural integral: ¿pasará el problema a la siguiente generación?

    Reforma rural integral: ¿pasará el problema a la siguiente generación?

    Primera publicación: El Tiempo

    Columna de opinión de Edwin Novoa, abogado e investigador en la organización Ambiente y Sociedad.

    Ala lista de reformas rurales de la historia de Colombia, se añadió otro intento, con la Reforma Rural Integral (RRI), en la cual se han planteado varias herramientas poderosas para mejorar el acceso a las tierras, pero también hay señales que indican que los nudos centrales de la cuestión agraria, no se resolverán, al menos en esta generación.

    El problema de la tierra a resolver

    Quizá uno de los problemas centrales de las tierras en Colombia, ha sido el choque irreconciliable de modelos de uso del suelo (entre la tierra como factor de poder económico, el acaparamiento, la baja productividad, y la tierra como derecho, sustento de la economía y costumbres campesinas), disputa que genera una distribución inequitativa de la tierra en el país, y dejó décadas de violencia.

    Este choque genera dos graves consecuencias económicas:

    1) Improductividad: el modelo de propiedad extenso puede representar rentabilidad como gran activo, para el propietario de grandes predios, pero no para la economía en su conjunto pues se subutiliza la tierra.

    2) Desigualdad: a los campesinos les queda muy difícil acceder a la tierra pues ésta se concentra en pocos propietarios, por lo que se ven forzados a continuar con una ocupación no planificada en las últimas zonas forestales.

    Si bien la institucionalidad agraria ha tenido avances considerables y cuenta con una gran experiencia, no ha logrado resolver el choque de modelos de uso de la tierra y sus consecuencias, a pesar de que las diferentes reformas agrarias han intentado diversas fórmulas para lograrlo, fracaso que se demuestra con el índice Gini tierras (0.91 en una escala donde 1 representa la concentración total de la tierra) el cual es de los más altos del mundo.

    La anterior reforma agraria (Ley 160 de 1994) intentó varías fórmulas para conciliar los modelos de uso del suelo, tales como las zonas de reserva campesina, zonas de desarrollo económico, y un modelo de mercado asistido de tierras, pero estas fórmulas no tuvieron un mayor impacto (el Gini pasó de 0.84 a 0.89).

    En suma, la incapacidad de negociar el pre-industrial modelo de negocio con los sectores terratenientes, profundizó la escasez de tierras para campesinos e incentivó colonizaciones, deforestaciones y en últimas una relación tormentosa entre ambiente y agro, pues los campesinos colonos, suelen estar en áreas protegidas inadjudicables, lo que a su vez genera conflictos socioambientales e inseguridad jurídica.

    La RRI no buscó resolver de fondo los problemas agrarios del país (con sus respectivas consecuencias ambientales)

    Desconcentrar la tierra implica discutir el modelo latifundista de Colombia, pero siempre que alguien pone el tema sobre la mesa, es tildado de comunista, lo cual es errado pues el derecho a la propiedad privada no está en debate. Precisamente por esto, el acuerdo de paz con las FARC fue muy cuidadoso en no cuestionar el modelo latifundista, pues de hacerlo, sería tildado de comunista y fracasaría (de todas formas, parece que está fracasando por otras razones).

    En materia ambiental, una reforma rural debería buscar la forma de desincentivar las colonizaciones en zonas boscosas (como la amazonia), sin embargo, fueron mucho más revolucionarias las reformas agrarias de 1936 y 1961 que la RRI, la cual simplemente reitera lo ya establecido en cuanto a frontera agrícola, pues plantea un mecanismo llamado Zonificación Ambiental Participativa, la cual no dota de tierras a campesinos sin tierra (que sería el objetivo para detener las colonizaciones) sino que establece un límite espacial y participativo para el uso agropecuario.

    En este sentido, la RRI decidió retomar en gran medida lo planteado por la reforma de 1994, pese a que ya se conocían sus grandes limitaciones estructurales. Con el fin de hacer más eficiente el accionar de la institucionalidad de tierras, se plantearon algunas estrategias nuevas con el objetivo de contar con un Fondo de Tierras, disminuir la cantidad de trámites agrarios, contar con información actualizada (catastro multipropósito), planificar el accionar institucional (Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural – POSPR), realizar titulaciones/formalizaciones masivas de zonas priorizadas (barrido predial) y resolver los problemas agrarios (jurisdicción agraria).

    Adicionalmente, es importante mencionar que la implementación de la RRI ha tenido diversas dificultades en estos 5 años de implementación: el conflicto armado se ha escalado, el presupuesto de la ANT se ha disminuido pues fue repartido con otras entidades encargadas de hacer planes como los Pdet. Según un análisis realizado por la Procuraduría, el Fondo de Tierras no tiene certeza sobre la posibilidad de adjudicar las tierras que tiene y las que se han entregado se ha hecho a un ritmo muy bajo (al ritmo actual solo se lograría entregar un 21% de lo pactado), los predios que se han venido adjudicando son microfundios y los subsidios y créditos para compra de tierras están retrasados o quietos.

    En cuanto a la formalización de tierras se ha notado que el barrido predial no es aplicable para todos los casos y que además no resuelve de fondo los problemas pues en muchos casos depende de la existencia de un órgano judicial, como lo es la jurisdicción agraria que no existe y la jurisdicción civil tomaría décadas. Por su parte, el catastro multipropósito va un en 15,39 % de avance, lo cual es bajo si se considera la meta de 60 % planteada para el 2022.

    En materia ambiental, es de destacar que no son claras las variables ambientales del catastro multipropósito que permitan tener información útil para detener la deforestación, la zonificación ambiental participativa solo se da en zonas PDET, por lo que en el resto del país la frontera seguirá moviéndose y no se han generado incentivos para detener las colonizaciones y deforestaciones. Si bien hay un Conpes de deforestación, el enfoque ha sido militarista y no se toca el tema de los mercados informales de tierras ni el acaparamiento. Finalmente, los POSPR no se han planteado en los municipios con mayor deforestación en el país y las ZRC no se han impulsado teniendo en cuenta que son la mejor herramienta para armonizar el agro y el ambiente.

    En conclusión, la institucionalidad ha logrado avanzar en formulación de planes y metodologías, pero las limitaciones de ejecución son tan grandes que no es descabellado pensar que tardaremos muchos más años en resolver los problemas de fondo.

    ¿Cómo intentar armonizar la cuestión agraria y el ambiente?

    Además de des escalar el conflicto armado y generar escenarios de diálogo entre los diferentes sectores de modo que se generen acuerdos frente a los modelos de uso del suelo, es importante adelantar diferentes medidas específicas para hacer más efectiva la RRI. En primera medida, se deben focalizar los municipios con mayores tasas de deforestación para los POSPR y el catastro multipropósito.

    Adicionalmente, hay otros aspectos necesarios para lograr establecer una relación armónica entre el agro y el ambiente: i) establecer una estrategia estructural contra el acaparamiento de tierras y el mercado informal de tierras, tema que quedó pendiente en el Conpes de deforestación, ii) identificar estrategias comunitarias de manejo forestal sostenible y priorizarlas en las políticas de acceso a tierras, con el fin de incentivar este tipo de prácticas, iii) establecer estrategias participativas de seguridad jurídica en la tierra para campesinos en áreas protegidas inadjudicables, por ejemplo, acuerdos de uso, y iv) instaurar la jurisdicción agraria.

  • El pueblo Inga y la defensa de los ríos de proyectos extractivos

    El pueblo Inga y la defensa de los ríos de proyectos extractivos

    Esta historia fue posible gracias a una alianza entre El Espectador y la organización Ambiente y Sociedad.

    El pueblo inga de Villagarzón, en Putumayo, se ha organizado para que el Estado reconozca que, desde hace siglos, habitan el territorio en el que se tiene planeado un proyecto de exploración petrolera. Una de sus preocupaciones principales son los posibles impactos sobre las fuentes hídricas.

    María Beatriz Otaya Andaquí es una sabedora y médica tradicional del pueblo inga de Villagarzón, en Putumayo. Desde que era niña su padre, que también era autoridad y médico tradicional, la llevaba a recorrer su territorio ancestral en busca de plantas medicinales.

    “Nos íbamos caminando por la orilla del río San Vicente hacia abajo. Luego de dos días de camino recogíamos unas plantas y nos veníamos otra vez. A los ocho días hacíamos el mismo viaje, pero por el San Vicente hacia arriba. Cuando estábamos de regreso en casa mi papá me decía: ‘Bueno, ahora sí venga, mija, a conocerlas. Esta es para la fiebre, esta para el flujo amarillo, esta para el flujo blanco y con esta usted va a alentar a la gente. Cuando yo me muera usted quedará sabiendo todo’”, cuenta la médica tradicional. “Y así fue”.

    Para María Beatriz, su padre y su comunidad, el río no solo era la guía del camino hacia las plantas medicinales, también era el lugar en donde encontraban muchas de ellas. “Hay unas plantas que nacen en el agua, son acuáticas, y toca traerlas y ponerlas en el agua también. Ahora toca ir lejos a buscarlas, porque por acá ya no hay”, explica la mayora. Desde hace unos años han visto con preocupación la presencia de varias empresas que quieren hacer exploración de petróleo en su territorio, pues sienten que los impactos de estos proyectos amenazarían su supervivencia física y cultural, y contaminarían las sagradas fuentes de agua.

    “Desde hace 15 años se vienen presentando situaciones que ponen en riesgo la vida, el territorio y la persistencia del pueblo inga debido a la presencia de empresas extractivistas en nuestro territorio”, asegura Carlos López Descanse, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas del Municipio de Villagarzón (Acimvip). “Se han adelantado exploraciones sin el debido consentimiento de las comunidades y se construyó una plataforma en territorio indígena donde están asentadas las comunidades, desconociendo su presencia y teniendo un completo desconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, explica.

    La plataforma a la que se refiere López Descanse hace parte del proyecto de perforación exploratoria La Cabaña, de la empresa Gran Tierra Energy, con el que se busca determinar la presencia de hidrocarburos mediante la perforación de nueve pozos petroleros en un área de 629 hectáreas. Pero no es el único caso. Un cálculo liderado por la Asociación Ambiente y Sociedad encontró que de los 51 contratos de bloques petroleros que hay asignados en la Amazonia colombiana, 39 se traslapan con 83 resguardos indígenas. Lo más preocupante, encontraron los investigadores, es que la consulta previa —derecho constitucional que existe para que las comunidades decidan si en su territorio se pueden explotar recursos naturales— no siempre se cumple.

    Esto ocurrió en el caso del APE La Cabaña. En marzo de 2012 la empresa Gran Tierra Energy solicitó al Ministerio del Interior que se certificara la presencia o no de grupos étnicos en el área del proyecto. El mismo año, la Dirección de Consulta Previa de la cartera expidió una certificación (573 del 3 de abril de 2012), en la que aseguraba que no se registraba presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto. Sin embargo, la comunidad inga de Villagarzón y comunidades afrocolombianas viven a escasos metros de donde está planeada la exploración. De hecho, el terreno del proyecto había sido el antiguo territorio de un mayor inga del resguardo San Miguel de la Castellana, en donde se practicaba la medicina tradicional y se consideraba un sitio de encuentro de espíritus.

    Una vez el Ministerio del Interior certificó que “no había comunidades indígenas”, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) entregó a la empresa Gran Tierra Energy la licencia ambiental para el proyecto. “Decimos que violaron nuestros derechos porque ingresaron de manera inconsulta a nuestro territorio y construyeron una plataforma para la explotación del petróleo. No tuvieron en cuenta a la comunidad ni los asentamientos que estaban alrededor de la plataforma y no hicieron el debido proceso, que es la consulta previa e informada con las comunidades”, asegura Óscar Buesaquillo, exgobernador de uno de los resguardos indígenas de la zona.
    En consecuencia, en 2015 Acimvip interpuso una acción de tutela contra la nación, específicamente contra el Mininterior, porque considera que la instalación de la plataforma petrolera del APE La Cabaña es una vulneración a sus derechos fundamentales como pueblos indígenas al haber sido hecha sin consulta previa. Desde entonces ha tenido lugar una batalla jurídica en la que las comunidades indígenas se han organizado para demostrar, con mapas, visitas, documentos, videos y recorridos, que han habitado ese territorio por siglos.
    Una preocupación por los ríos y el agua

     

     

     

     

     

     

     

    Una de las mayores preocupaciones de la comunidad con el proyecto es la afectación a sus fuentes hídricas. Según afirman, la plataforma de exploración del APE La Cabaña se encuentra en un lugar sagrado donde están los amos de la naturaleza: una zona de humedales, nacederos de agua y quebradas que, al verse afectadas, comprometerían a sus fuentes hídricas más importantes: el río San Vicente y el río Putumayo.

    De acuerdo con un documento entregado por la empresa Gran Tierra al Ministerio de Interior, las cuencas hidrográficas de los ríos Putumayo y San Vicente, así como las microcuencas de la quebrada Sambico y otros drenajes menores están dentro del área de influencia directa del proyecto, en donde también están proyectados tres puntos de captación de aguas.

    “Ahí donde construyeron la plataforma del APE La Cabaña era un nacedero de aguas. Era el comienzo de las canangucheras, el inicio de las quebradas que desembocan en el río San Vicente”, agrega Buesaquillo. Las canangucheras, conocidas también como palma de moriche, forman en conjunto un tipo de humedal por su capacidad de almacenar y purificar el agua, y son plantas sagradas para los ingas. “Son unas plantas de las que nosotros nos beneficiamos por sus alimentos, porque dan frutos, por el agua que retienen y porque espiritualmente es para nosotros donde está toda la energía para poder persistir con la medicina”, asegura el taita Vicente Jacanamejoy, autoridad inga. El río San Vicente, por su parte, cruza por las diez comunidades del pueblo inga de Villagarzón, por lo que, sin importar qué tan lejos se encuentren del proyecto, todas sienten que se verían afectadas.

    La antropóloga Diana Silva, quien hace parte del equipo de apoyo técnico de Acimvip, asegura que “el río San Vicente es el centro de acopio y el medio de subsistencia de las comunidades” para el pueblo inga. Según explica, es allí donde se recoge el barro para la medicina y para elaborar utensilios como ollas, también donde se recogen las semillas, se pesca y se toma el agua. “Si eso se contamina y desaparece, sencillamente se afecta la pervivencia del pueblo inga tanto física como culturalmente”, dice.

    Tras varios recursos, este año se llevó a cabo una tercera visita de verificación, entre el 1° y el 8 de marzo, solicitada por el Tribunal Administrativo de Nariño. Se buscaba, entonces, dar una conclusión sobre la presencia de grupos étnicos en el área de perforación exploratoria del proyecto. Fue una semana visitando resguardos, chagras, reservas de plantas medicinales, cementerios, cuerpos de agua sagrados, salados y otros sitios de interés étnico que las comunidades consideran que serían afectados si el proyecto de exploración continúa.

    Por medio de una resolución publicada el pasado 27 de octubre, el Mininterior certificó finalmente que procedía hacer la consulta previa con el Resguardo Indígena San Miguel de la Castellana para el proyecto APE La Cabaña, solo uno de los siete resguardos accionantes que solicitaron la verificación.

    Vanessa Torres, abogada y, subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización que ha acompañado al pueblo inga en este proceso, asegura que resulta preocupante que el derecho a la consulta previa sea reconocido únicamente a favor de uno de los resguardos que conforman este territorio. Esto, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial en relación con el concepto de afectación directa de proyectos de desarrollo, el cual no se puede entender únicamente como un aspecto geográfico. “Nuestro ordenamiento jurídico ha desarrollado el concepto de protección cultural de los grupos étnicos, el cual no puede estar limitado a análisis cartográficos, más aún cuando se trata de proyectos de exploración y explotación de recursos no renovables, en donde, de acuerdo con la sentencia SU 123 de 2018 de la Corte Constitucional, la afectación directa incluye el impacto en el territorio de la comunidad tradicional o en el ambiente, la salud o la estructura social, económica y cultural del grupo. Lo cual se ve reflejado en el impacto social y ambiental que ha generado la construcción de la plataforma en el territorio del pueblo inga, que como pueblo exigen el ejercicio de su derecho a la consulta libre previa e informada, con garantías, y no un reconocimiento fraccionado, determinado por un análisis que desconoce el precedente jurisprudencial”.

    Ahora, los informes de todas las partes se encuentran ante el Tribunal de Nariño, que deberá entregar una respuesta. El proyecto, entre tanto, está suspendido desde 2015. “Es importante destacar que Gran Tierra Energy ha cumplido y atendido todas las órdenes emitidas por las autoridades legales, ambientales y de consulta previa”, señalan desde la empresa.

    “Para nosotros, no hay ninguna plata del mundo que nos supere el agua. Podemos tener plata, podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos el agua no tenemos nada, y eso es por lo que hoy estamos dando la pelea: la lucha por el agua, por nuestros derechos, que nuestros territorios sean respetados, porque son territorios sagrados donde cultivamos la medicina, donde están los animales para nuestro sustento, donde está el río y los peces. Al haber una afectación al río y todas esas aguas contaminadas ya no vamos a tener oportunidades de hacer todas esas actividades que hacíamos antes”, concluye Luz Dary García, representante legal de Afrovilla, comunidad afro que también se encuentra cerca al proyecto de La Cabaña.