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Primera publicación: Mongabay 

• La deforestación en Colombia repuntó desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC. Aunque en los últimos años pareciera estabilizarse, las cifras actuales son muy superiores a las registradas entre el 2001 y el 2015.
• El acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva se han convertido en dos de las mayores amenazas para los bosques y suelen coexistir aprovechando la gran incertidumbre jurídica sobre la tierra que hay en la Amazonía, la región que en los últimos 21 años ha aportado el 58 % de la deforestación del país.

“Después de la firma del Acuerdo de Paz se sintió un respiro en los territorios pero lastimosamente no duró mucho porque, posteriormente, actores armados volvieron a invadir. Son tantos grupos que finalmente uno no sabe quién es quién”, dice Luz Mery Panche, indígena nasa de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. La dirigente reconoce que “ha habido militarización del territorio por parte del gobierno pero, finalmente, como siempre ha ocurrido, no ha servido para garantizar el control territorial”.

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a finales de 2016, fue una esperanza para acabar con más de 50 años de conflicto interno, uno de los más largos del mundo.

Sin embargo, casi seis años después de la firma en La Habana, el 24 de noviembre de 2016, continúa la guerra contra las disidencias de las FARC —integrantes de la guerrilla  que no se desmovilizaron ni se vincularon al acuerdo— y se ha dado una reconfiguración de actores armados ilegales, bandas criminales y narcotráfico, creando un nuevo escenario de conflicto en el país.

Los bosques también se convirtieron en víctimas de lo que se ha conocido en Colombia como el posconflicto. Por ejemplo, en el 2017, el primer año de vigencia del Acuerdo de Paz, la deforestación en el país alcanzó las 219 552 hectáreas, cuando en el 2016, cuando aún el gobierno y las FARC estaban en negociaciones, la cifra fue de 177 765. Es decir, un aumento del 23 % que, además, marcó un hito pues 2017 sigue siendo el año con la pérdida de bosques más alta desde que Colombia empezó a medir el problema.

Entre 2018 (197 159 hectáreas) y 2019 (158 894 hectáreas) se dieron reducciones en las cifras pero la tendencia volvió al alza en 2020 (171 685 hectáreas) y 2021 (174 102 hectáreas), lo que coincidió con el golpe que significó para toda la región la llegada de la pandemia.

“Empezó a llegar mucha gente a talar. La deforestación aumentó de una manera impresionante, haciendo muy complicado, sobre todo para la población campesina, ejercer control territorial”, comenta Panche, quien también participa en los grupos técnicos que velan por la Implementación del Acuerdo de Paz por la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ).

Hace tan solo cuatro meses, Carlos Eduardo Correa, hoy exministro de Ambiente, reveló las cifras de deforestación de Colombia durante el 2021. Y lo hizo después de que ambientalistas colombianos llevaran meses preguntándose por qué la tardanza en mostrar el panorama de los bosques en el país, y a muy pocos días del 7 de agosto, fecha en que el presidente Iván Duque dejaba la Casa de Nariño para darle paso a su sucesor, Gustavo Petro.

En ese momento Correa reveló que, durante el 2021, se perdieron 174 103 hectáreas de bosque natural, lo que sería equivalente a casi el área de Bogotá. Muchos detalles sobre la pérdida de bosque en el país no fueron revelados y poco tiempo después de que asumiera como presidente Gustavo Petro, la ministra de Ambiente Susana Muhamad reveló el consolidado de la deforestación en Colombia entre 2001 y 2021. Según dijo, en ese periodo se deforestaron 3 182 876 hectáreas, de las cuales 1 858 285 (58 %) corresponden a la Amazonía del país, siendo la región más afectada y la que más aporta en la pérdida de bosques.

Recientemente, el presidente Petro declaró en la COP 27 de Cambio Climático en Egipto que “antes que nada, hay que salvar la columna vertebral del clima del planeta. Colombia concederá 200 millones de dólares anuales durante 20 años para salvar la selva amazónica. Esperamos el apoyo del mundo». La tendencia de la deforestación en Colombia ha sido al alza y el anuncio del presidente aumenta las expectativas sobre las cifras del 2022 que se conocerán el próximo año.

¿Por qué repuntó la deforestación después de la firma del Acuerdo de Paz?

Entender la dinámica de la deforestación en Colombia no es fácil. Edwin Novoa, investigador de la organización Ambiente y Sociedad, explica que en los momentos de conflicto armado, la deforestación siempre aumenta. “Si miramos los momentos donde el conflicto armado se escala y se desescala, esa curva es la misma curva de la deforestación. Sube el conflicto armado, sube la deforestación, baja el conflicto armado y baja la deforestación”.

Novoa destaca que después de 2012, cuando se dio el cese al fuego con las FARC, la tendencia de la pérdida de bosques empezó a ir a la baja y volvió al alza cuando se firmó el Acuerdo de Paz y terminó el cese al fuego. “Nuevamente aumentó la violencia, las masacres, los desplazamientos forzados y la deforestación”, indica.

Para el investigador, eso se da porque si los actores armados están en control del territorio, el Estado pierde soberanía y capacidad de actuar. “Además, en río revuelto se pesca más fácil. Si no hay normas sino que todos los grupos están confrontándose entre sí, se vuelve más difícil controlar la deforestación”.

Otra de las razones más comentadas respecto al aumento de la pérdida de bosques después de la firma del Acuerdo de Paz tiene que ver con que la guerrilla tenía unas reglas muy estrictas en las zonas donde tenían control y, cuando ellos se van, queda un vacío que no es ocupado por el Estado. Para los investigadores consultados en este reportaje, no es casualidad que en el piedemonte amazónico de Guaviare, Meta y Caquetá, zonas históricamente controladas por las FARC, se hayan empezado a dar los mayores incrementos de deforestación.

En 2001, cuando se negociaba el primer intento de paz con las FARC en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, la bióloga y hoy profesora de la Universidad Stony Brook en Nueva York, Liliana Dávalos, publicó el artículo ¿Puede la paz ser peor que la guerra para los bosques de Colombia?  Allí planteaba que “el final del conflicto armado en sí mismo plantea enormes desafíos para la conservación a medida que las fronteras forestales se vuelven accesibles a los intereses económicos legales […] Si la guerra ha impedido que los conservacionistas gubernamentales y no gubernamentales alcancen sus objetivos, la paz abrirá la puerta a formas de explotación que hoy son imposibles”.

Esa preocupación que Dávalos tenía hace más de 20 años se convirtió en realidad. En conversación con Mongabay Latam, la investigadora aseguró que cuando las FARC abandonaron los territorios que ocuparon por décadas, en esas zonas se evidenció que la deforestación pasó de una escala individual a una escala más grande, “una escala organizada”. Esto se vuelve mucho más complejo si se tienen en cuenta otras variables como la histórica falta de claridad en el uso y tenencia de la tierra en la Amazonía.

De hecho, hace dos años el colombiano Paulo Murillo-Sandoval, junto con otros investigadores, publicaron el artículo El fin de la conservación a punta de pistola: perturbación de los bosques tras el acuerdo de paz en Colombia en el que analizaron el impacto a los bosques en la zona de transición entre los Andes y la Amazonía, y hallaron que durante el periodo posterior al Acuerdo de Paz (2017-2018), el área de perturbación de los bosques aumentó en un 50 % (alrededor de 238 000 hectáreas) en comparación con la etapa de negociación de paz de cuatro años (2013-2016).

Este mismo documento menciona que la deforestación aumentó en un 187 % dentro de las áreas protegidas en la zona de transición andino amazónica como los parques Tinigua y Sierra de la Macarena. “Descubrimos que luego del Acuerdo de Paz y la retirada de las FARC, actores clave (cárteles de la droga, grandes terratenientes, campesinos y disidentes) con expectativas de políticas favorables de tenencia de la tierra irrumpieron en la región; esto condujo a aumentos en la ganadería a gran escala, la dispersión del cultivo de coca y los mercados especulativos ilegales de tierras, cada uno de los cuales contribuyeron a la perturbación forestal generalizada que mapeamos”.

Estos factores, junto con otros más, fueron mencionados por la ministra de Ambiente Susana Muhamad cuando hizo el balance de la deforestación en el país entre 2001 y 2021. En ese momento aseguró que la praderización orientada al acaparamiento de tierras, las prácticas insostenibles de ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, el desarrollo de infraestructura de transporte no planificada, la extracción ilícita de minerales, la tala ilegal de madera y la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas, son las principales causas de la deforestación en el país.

Un acaparamiento de tierras aliado con la ganadería extensiva

“Las zonas taladas se han convertido rápidamente en praderas donde luego se ha instalado la ganadería extensiva”, asegura la lideresa indígena Luz Mery Panche sobre la situación que se vive en el municipio de San Vicente del Caguán. La praderización para el acaparamiento de tierras ha sido identificada como la variable que más aporta a la deforestación en Colombia y así lo han venido revelando el IDEAM y el Ministerio de Ambiente desde 2017, el año más crítico para la pérdida de bosques en el país.

“Mientras no haya asignación de baldíos masiva y rápida, como lo declara el fallo de la Corte Constitucional [que busca que el Estado recupere baldíos de grandes acaparadores de tierras que obtuvieron los predios por decisiones de jueces], para generar derechos sobre las poblaciones campesinas, que son las más afectadas por esta indefinición jurídica, el mercado de tierras informal e ilegal va a seguir presionando para el tema de la deforestación porque es un gran negocio”, dice Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), quien no cesa en insistir en que el acaparamiento de tierras es un fenómeno que necesita ser atendido.

A pesar de la urgencia por atacar el acaparamiento, hay un gran obstáculo que impide enfrentarlo: la ausencia de información. Edwin Novoa de Ambiente y Sociedad comenta que no se tienen cifras que permitan determinar cuál es el número de predios y de hectáreas que han sido acaparadas. “Desde el punto de vista jurídico no tenemos cómo probarlo y enfrentarlo porque la mayoría de esas tierras son baldías y Colombia en su historia nunca ha tenido un inventario de tierras baldías. No se sabe a ciencia cierta cuántas y cuáles son. No hay información catastral ni registral”, asegura con preocupación.

Novoa dice que se ha propuesto hacer un registro nacional de tierras deforestadas, lo cual sería una oportunidad para llevar un conteo de los territorios que han ido perdiendo bosque pero, aún así, quedaría el gran vacío de qué fue lo que se perdió, es decir, qué tipo de cobertura forestal había antes.

Desde hace varios años Colombia tiene puestas sus esperanzas en el llamado catastro multipropósito, que busca convertirse en un insumo fundamental para la formulación e implementación de políticas públicas que contribuyan al ordenamiento territorial y a fortalecer la seguridad jurídica.

Sin embargo, a los expertos consultados en este reportaje les preocupa que no se sabe cuáles son las variables ambientales que se están considerando. Además, hacer el catastro es demasiado costoso por lo que el esquema de financiación ha sido el de una especie de bolsa donde los municipios, la cooperación internacional y el gobierno nacional aportan recursos. “¿Qué municipios están interesados en hacer eso? A los que les interesa recaudar plata en impuesto predial con el catastro. Sin embargo, en los municipios de alta deforestación como La Macarena, Meta, donde hay gran parte del territorio dentro de áreas protegidas, pues no es de interés porque un parque nacional no paga impuestos. Por ahora no hay buenas expectativas sobre el catastro multipropósito como una forma de atacar la deforestación”, comenta Novoa.

El acaparamiento de tierras viene muy ligado a otro de los grandes causantes de la deforestación: la ganadería extensiva. “Tenemos unas huellas ambientales gigantes que son los pastizales y estos pastizales existen no porque haya un fuerte mercado ganadero sino porque están asociados con la apropiación de tierras. No es que haya una demanda irresistible de vacas en pie, carne o lácteos, sino que con las vacas vienen derechos y tradiciones que tienen que ver con la tierra”, comenta la investigadora Liliana Dávalos.

En un informe de la FCDS se indica que entre 2016 y 2022 la ganadería persiste como una de las principales causas de la deforestación en los municipios del arco noroccidental de la Amazonía —San Vicente del Caguán, La Macarena, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare, Mapiripán, El Retorno, Calamar y Solano—. Se ha registrado “un aumento en el censo bovino del 48 % desde el año 2016. Adicionalmente, en la región amazónica han ingresado más de 1.100.000 cabezas de ganado en los municipios principales”, se lee en el documento.

Los impactos de la coca y las vías ilegales

Desde el 2021, parte de la comunidad indígena del resguardo Yaguará II, en el departamento de Caquetá, tuvo que desplazarse debido a las amenazas de grupos armados ilegales que buscan conectar el parque nacional Sierra de la Macarena con los Llanos del Yarí, donde se ubica el resguardo.  La conexión a través de diferentes vías ilegales permitiría el acaparamiento de tierras por medio de la llegada de nuevos colonos de otras partes del país y la explotación agrícola y ganadera en terrenos que hoy son selva.

Los cultivos de uso ilícito y el desarrollo de infraestructura de transporte no planificada son otras de las principales causas de la deforestación en Colombia.

De acuerdo con Luz Mery Panche, lideresa indígena nasa, muchas de estas actividades se están dando en territorios sobre los cuales algunos cabildos indígenas amazónicos pretenden que el Estado amplíe sus resguardos y sobre tierras de tradición campesina que han sido solicitadas por comunidades como Zonas de Reserva Campesina pero que “aún se encuentran en trámite pues han sido procesos lentos y llenos de burocracia”, comenta Panche.

Entre todos los cultivos de uso ilícito, el que concentra la mayor cantidad de hectáreas es la coca y el país ha centrado esfuerzos en su erradicación desde hace décadas. Sin embargo, el último informe de la Oficina de las Naciones unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) reveló recientemente que Colombia pasó de 143 000 hectáreas en 2020 a 204 000 en 2021, la cifra más alta desde 2001, año en el que UNODC comenzó a documentar el tema.

Durante varios años Liliana Dávalos ha dedicado parte de sus estudios a analizar el impacto de la expansión de los cultivos de coca en Colombia y destaca que si bien los cultivos de uso ilícito se relacionan con la deforestación hay que preguntarse si la coca es la causa última de esa pérdida de bosques o si, en caso de que no estuviera presente, la deforestación aún persistiría.

Para la profesora de la universidad Stony Brook, en la Amazonía se han hecho varios estudios —aunque no son de los últimos cinco años— donde se ha demostrado cuantitativamente que la coca en la zona amazónica va de “pasajera” en las zonas de deforestación, es decir, no es la principal causante de la pérdida de bosques.

“Centrarnos solamente en la coca como la causa de la deforestación no resuelve todos los problemas cuando hay un tema más de fondo que tiene que ver con el acceso a la tierra, el control de la tierra y sus maneras formales e informales de tenencia”, destaca Dávalos.

Las vías se han convertido en otro problema para los bosques en Colombia, sobre todo en la Amazonía y también se relaciona con otros causantes de deforestación como la ganadería y la coca. “Cuando se mejora una carretera, de ahí se expande la deforestación. Eso se aprecia en la huella espacial, es algo innegable y se suma al problema de que, en zonas como la Amazonía, no hay nadie que responda porque no se sabe quién es dueño de qué ni cuáles responsabilidades tiene”, comenta Liliana Dávalos.

El estudio Una mejor red vial amazónica para las personas y el medio ambiente encontró que en el caso de Colombia, 10 carreteras amazónicas que se proponen en el país generarían impactos ambientales negativos y, según datos del estudio, de ser construidas ocasionarían aproximadamente 344 mil hectáreas de deforestación.

El otro problema no solo son las vías que se plantean como legales sino que, desde la firma del Acuerdo de Paz, se han disparado las ilegales en territorios que antes eran dominados por la FARC. Por ejemplo, solo entre enero y la primera semana de octubre de 2022 se registraron 145 116 alertas de deforestación de la plataforma Global Forest Watch para la vía ilegal Calamar-Miraflores en el departamento de Guaviare. Además que se han abierto vías anexas a esta carretera, como la que lleva al resguardo indígena La Yuquera.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, comenta que en los últimos cuatro años, más de 59 kilómetros han sido abiertos para ampliar esta vía. “Los predios deforestados más grandes se encuentran en esa zona y es un modelo que se está consolidando en la región amazónica: grandes predios, accesos viales y entrada ganadera. Mientras no haya una decisión del Estado de declarar el cierre de la frontera agropecuaria desde el municipio de Calamar, y de hacer obligatorio y vinculante opciones alternativas de transporte como el fluvial, estamos perdidos”.

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez resalta que Colombia debe dedicarse decididamente a combatir la deforestación, “porque un bosque amazónico o de buena salud que se pierde, es irreversible. Se puede hacer seguramente alguna restauración, pero el bosque que va a restaurarse no va a ser equivalente al que existía”.

Áreas protegidas bajo ataque

 

Las áreas protegidas donde las FARC ejercían control territorial están entre las más afectadas por la deforestación. En 2017, el IDEAM reportó los seis parques nacionales más impactados por la pérdida de bosque. Cinco de ellos eran amazónicos y donde esta guerrilla tenía influencia: Sierra de la Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos, La Paya y Nukak. Luego de que se ampliara el parque Serranía de Chiribiquete en 2018, también empezó a registrar deforestación en su interior.

La situación más crítica la vive actualmente el Parque Tinigua que presenta nuevos lotes de deforestación en los márgenes de los ríos debido a la apropiación ilegal de tierras y actividades de ganadería extensiva. El 2021 se convirtió en el quinto año consecutivo en que este parque encabeza la lista de áreas protegidas afectadas por la pérdida de bosques en Colombia.

De acuerdo con información proporcionada por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) a Mongabay Latam, una de las principales presiones que tiene Tinigua es la ganadería. En esta área protegida que tiene un área de 214 362 hectáreas hay cerca de 18 343 hectáreas impactadas por más de 100 000 cabezas de ganado.

La autoridad confirmó que la deforestación, en total, ha impactado 62 740 hectáreas, lo cual equivale  al 29.3 % del área protegida. Es por eso que muchos expertos aseguran que si la tendencia de pérdida de bosques continúa, Tinigua perderá su valor ecológico como parque nacional.

La ganadería se convirtió en una de las presiones más fuertes para las áreas protegidas amazónicas que han sido víctimas de apropiación y acaparamiento de tierras. Una investigación del medio digital colombiano 360-grados consiguió y analizó las bases de datos de vacunación contra la fiebre aftosa del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que muestra que el mayor incremento en el número de vacas vacunadas se ha dado en los alrededores de cuatro parques: La Macarena, con 43 553 vacas más vacunadas en 2020 en comparación con 2016; Cordillera Los Picachos, con 23 194; Tinigua, con 22 068; y Chiribiquete con 15 345.

Además, la coca empezó a preocupar nuevamente en las áreas protegidas porque, aunque no es la principal causa de deforestación, tuvo un crecimiento importante durante 2021. UNODC reportó 8749 hectáreas sembradas con coca en parques nacionales, lo que representa el 4 % de todos los plantíos de coca en Colombia. En estas áreas naturales protegidas se registró un aumento del 21 % de la superficie sembrada con coca en comparación con el año 2020, cuando se reportaron 7214 hectáreas.

Información de la FCDS indica que entre 2018 y 2022 en la Amazonía, después de Tinigua, los parques amazónicos más afectados son Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete.

“La deforestación es un proceso geográfico. Entre más va avanzando la frontera de pastizales y apropiación de tierras, más se van acercando a zonas protegidas como Tinigua y Chiribiquete. Las mejoras viales también transforman y dinamizan y lo que estaba protegido porque estaba lejos pues ya no está tan lejos”, comenta Liliana Dávalos y agrega que “se necesita gente que le ponga el pecho a la deforestación pero hay que reducir la violencia para que eso no signifique asesinatos. La gente es la que defiende los bosques y aún seguimos con la visión de que los bosques se defienden solos”, asegura.

Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), comenta que después de la firma del Acuerdo de Paz han visto como la deforestación viene ganando espacio en el departamento del Cauca, uno de los más afectados por la violencia en Colombia. Según dice, el fenómeno ha estado asociado al avance de cultivos agroforestales como el pino así como por la minería ilegal y los cultivos de coca. Por otra parte, defender sus territorios les ha traído problemas. Por ejemplo, Capaz asegura que “luego del Acuerdo de Paz, a partir del 2017, cada año han asesinado al menos a una de nuestras autoridades indígenas en ejercicio. Si la autoridad indígena no está a favor de lo que pretenden los grupos [ilegales], entonces la eliminan”.

Operación Artemisa y una nueva ley de delitos ambientales

El gobierno del entonces presidente Iván Duque, asumió la Operación Artemisa, con un enfoque militar, como bandera para frenar la deforestación principalmente en la Amazonía.

Sin embargo, Artemisa recibió múltiples críticas desde que inició a mediados del 2019. Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, cuestiona su efectividad para contener la deforestación en la Amazonía. “Decir que se tuvo mucho éxito cuando lo que se hizo fue estacionar la deforestación entre 170 000 y 180 000 hectáreas anuales, es un fracaso rotundo. Con ese desempeño es imposible llegar a la meta de cero deforestación en el año 2030”, comenta. A esa crítica se suma el hecho de que muchas capturas han sido de los campesinos contratados para talar pero no de los grandes financiadores de la deforestación.

Carlos Garay, secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y dirigente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), asegura que “por la operación Artemisa está capturado un gobernador indígena. Está en la cárcel todavía. El presidente Duque lo señaló de ser el más grande deforestador en San Vicente del Caguán. Es un montaje”, indica Garay.

En materia ambiental, el gobierno de Gustavo Petro decidió ponerle fin a Artemisa y viró la estrategia a entablar diálogos con los campesinos y lograr acuerdos con ellos. El Ministerio de Ambiente le dijo a Mongabay Latam que en el arco noroccidental de la Amazonía colombiana han desarrollado diálogos con líderes sociales campesinos de 17 núcleos de deforestación con quienes se avanza en la construcción de un acuerdo social para contener este fenómeno.

Otro de los intentos por atacar el problema de la acelerada pérdida de bosques en el país fue la creación, en el 2021, de la nueva ley de delitos ambientales en Colombia donde, además de incluir a la deforestación, se crearon otros cinco nuevos delitos ambientales: promoción y financiación de la deforestación, tráfico de fauna, apropiación ilegal de los baldíos de la nación, financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación y el financiamiento de la invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Sin embargo, las buenas intenciones de esta ley también enfrentan obstáculos. “El primero es que la Fiscalía no tenía mucha capacidad para investigar estos delitos. USAID [la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] le hizo un aporte para crear una unidad especializada, pero montar una unidad toma muchísimo tiempo mientras se plantea la resolución, cómo va a ser el equipo, se contrata la gente, se capacita, etc. Solo el montaje institucional podría tomar hasta dos años”, comenta Edwin Novoa, investigador de Ambiente y Sociedad.

El reto actual para el gobierno colombiano es que el fortalecimiento de las leyes para combatir la deforestación se materialice en la captura de los verdaderos responsables y financiadores de este delito, mientras que se plantean diálogos y acuerdos con los campesinos en las zonas más deforestadas.

El Ministerio de Ambiente aseguró que la nueva estrategia que reemplaza a Artemisa considera cinco puntos clave. El principal se centra en los acuerdos sociales con comunidades locales para hacer frente a la deforestación. Los otros puntos son la construcción de la paz total en los territorios, la investigación criminal a los determinadores de la deforestación, la contención con la fuerza pública en grandes bloques vinculados al acaparamiento de tierras y economías ilícitas, y el fortalecimiento de las autoridades ambientales y locales. El Ministerio afirmó que ya activó una flota aérea, llamada Guacamayas, para la protección de la selva y cuyo objetivo será trabajar de la mano de las comunidades; esta decisión  se convierte en el cambio más radical de Artemisa.

*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.