Por Mónica Lozano
Diez años después de la firma del Acuerdo de París, el compromiso global de limitar el calentamiento a 1.5°C enfrenta un desafío que no sólo es científico, sino social: el racismo ambiental. Este concepto se convirtió en un tema ineludible en la COP30 que se realizó en Belém, Brasil. Y no porque haya habido un consenso de los líderes del mundo para priorizarlo en la agenda climática, sino porque países del Sur Global —como Colombia— y centenares de indígenas Munduruku, que irrumpieron la formalidad de la COP, lo pusieron sobre la mesa.
Desde el primer día, las comunidades de la región amazónica insistieron en que su participación no podía seguir siendo simbólica y relegada a una “Zona verde”. Los pueblos más afectados por el cambio climático reclamaron voz, voto y garantía de derechos territoriales. Aseguraban que no puede existir política climática efectiva sobre territorios despojados, contaminados y empobrecidos.
Por su parte, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, explicó en la COP30 que el racismo ambiental no solo implica que las soluciones frente a la crisis climática no estén llegando a las comunidades y territorios más afectados, sino que se trata de un asunto estructural que también es raíz del cambio climático. “El colonialismo y la esclavitud han servido como estructuras para sostener un modelo económico que ha agotado la vida del planeta y ha expropiado la condición humana de ciertos pueblos”, afirmó.
Las y los asistentes de la COP no tenían que ir muy lejos para entender a qué se referían las comunidades o Francia Márquez. Mientras se desarrollaba la COP30, se cumplían 10 años del colapso de la represa de Mariana en el estado de Minas Gerais. La justicia británica encontró responsable a la empresa minera australiana BHP por ocasionar una ola de lodo tóxico que le quitó la vida a 19 personas, acabó con bosques, contaminó el río Doce y dejó a cientos de familias sin vivienda, en su mayoría rurales y racializadas.
A su vez, en la misma Belém, la ONG Mandi denunciaba que 58.000 personas no tenían acceso a agua potable, la mayoría, afrodescendientes. La paradoja es tan cruda como real: las comunidades siguen enfrentando los impactos más devastadores del cambio climático, mientras las decisiones que definen su futuro se toman a puerta cerrada. Eso también es racismo ambiental.
Minería a gran escala, monocultivos, rutas de comercio global, turismo extractivo, pesca y ganadería industrial… todo ese aparato económico ha operado, históricamente, sobre territorios habitados por comunidades racializadas. Primero fueron despojadas para permitir el “desarrollo”; ahora ese desarrollo trae de regreso sus consecuencias más letales. La crisis climática se ha explicado durante décadas como un problema de emisiones, pero ha dejado de lado que el modelo económico que hoy calienta el planeta se ha propiciado gracias a un sistema colonial que clasificó a determinados territorios y pueblos como “sacrificables”.
¿Ha cambiado algo desde el Acuerdo de París?
El Acuerdo de París estableció un marco global para reducir emisiones, fortalecer la adaptación y financiar la transición energética. Sin embargo, diez años después, las metas de la mayoría de los países siguen siendo insuficientes. Así lo señaló, durante la apertura de la COP30, Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, al recordar que los compromisos climáticos de los países (las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, NDC) son insuficientes para enfrentar la crisis actual.
Detrás de las largas discusiones y las voluntades expuestas en medios de comunicación, la COP30 evidenció el poder que sigue teniendo la industria extractivista. De acuerdo con la coalición Kick Big Polluters Out (KBPO), solo este año más de 1600 representantes de esta industria lograron acreditarse para la COP30, superando a casi todas las delegaciones nacionales. Esto se suma a que los combustibles fósiles desaparecieron de los documentos oficiales finales de las negociaciones, a pesar de que son responsables del 75% de las emisiones globales. En la discusión, Colombia señaló que una transición justa sin hablar del abandono del petróleo, el gas y el carbón “es vacía”. Ahora, la carga recae en las NDC de cada país, que deberán responder individualmente a un desafío global, sin una base suficientemente sólida a nivel de acuerdos internacionales.
En su discurso, Simon Stiell también dijo que era urgente el acuerdo de los 1,3 billones de dólares anuales para garantizar la adaptación al cambio climático, de los países más afectados, pero la realidad negociada quedó lejos de esa ambición. Aunque se acordó movilizar 1,3 billones de dólares anuales para 2035, no hay claridad sobre cuánto dinero se destinará a la adaptación, ni cómo se medirá el progreso, lo único claro, es que se trata de una meta para 2035, no para 2030 como venían pidiendo los países en desarrollo. La llamada Decisión Mutirao que recoge los acuerdos sobre financiamiento, apenas “llama a” triplicar los recursos para adaptación. Incluso, António Guterres, Secretario General de la ONU, insistió en rueda de prensa ese llamado a triplicar el financiamiento para la adaptación antes de 2030.
Por su parte, para Colombia la COP30 dejó avances pero también pendientes. El país logró posicionar la resolución internacional contra el racismo ambiental como un precedente histórico así como se anunció la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles. Sin embargo, persisten varios cuestionamientos:, ¿Las NDC integrarán metas étnico-raciales? ¿El financiamiento climático llegará a los territorios o seguirá concentrado en burocracias? ¿Las propuestas de las comunidades serán incluidas en la hoja de ruta climática de cada país?
A diez años del Acuerdo de París, el balance no puede reducirse a cifras de CO₂ o a grados de calentamiento. El cambio climático es, ante todo, el resultado de años de racismo ambiental que seguirá profundizándose mientras el modelo siga intacto. La crisis climática requiere enfrentar el trasfondo colonial, asegurar NDC ambiciosas con enfoque territorial, garantizar financiamiento justo y acelerar una transición energética real. El racismo ambiental es tanto causa como consecuencia de esta emergencia, y mientras no se aborde de frente, ninguna COP estará a la altura del desafío actual.